El pasado 4 de marzo se cumplió el primer aniversario del acuerdo de paz firmado en Uagadugú, capital de Burkina Faso, que puso fin a casi cinco años de crisis político-militar en Costa de Marfil. Este arreglo era prometedor: el presidente Laurent Gbagbo y el líder rebelde Guillaume Soro, sin la presión de la comunidad internacional, llegaron a un entendimiento gracias a la mediación de Blaise Compaoré, jefe de Estado burkinés.

Doce meses después de la firma de este acuerdo, cuya fecha tope de ejecución estaba prevista para el pasado mes de febrero, Costa de Marfil aún no ha encontrado la paz definitiva, con el sur progubernamental y el norte ocupado por los rebeldes. Bien es cierto que en el terreno no se ha registrado ningún incidente entre el Ejército nacional y los ex insurrectos, pese a que todavía no han entregado las armas.

Es más, el acuerdo de Uagadugú ha permitido avances notables en el proceso del fin de la crisis. La formación de un Gobierno de unión estable, la supresión de la zona desmilitarizada y de los frentes, la llama de la paz, la amnistía por los crímenes y delitos relacionados con los atentados contra la seguridad del Estado, el decreto para la constitución del nuevo Ejército, las 370.000 partidas de nacimiento expedidas a quienes no la tenían, son hechos que han tranquilizado a la población, que ha vuelto a creer en el restablecimiento de la paz.

Prueba de una verdadera calma, los enemigos de ayer han multiplicado las ceremonias de reconciliación o los conciertos por la paz. El presidente Gbagbo ha visitado dos veces las zonas ocupadas por los ex rebeldes para declarar “el fin de la guerra” y la “reunificación del país”. Por su parte, el primer ministro Soro ha visitado en dos ocasiones Gagnoa, ciudad natal del jefe del Estado costamarfileño.

Ha habido progresos, pero la falta de financiación ha ralentizado seriamente la aplicación del acuerdo. El Banco Africano de Desarrollo y la ONU han otorgado, respectivamente, 30 y 200 millones de dólares como ayuda financiera para la aplicación del acuerdo. En 2007 se gastaron 78.000 millones de francos CFA (120 millones de euros) y para este año se prevé invertir en el proceso de paz 171.000 millones de francos CFA (261 millones de euros).

A pesar de estos apoyos, “los grandes temas siguen pendientes”, resumió el periódico gubernamental Fraternité Matin. La gestión del tiempo comienza a suscitar dudas. A pesar de la ampliación del plazo –estaba inicialmente prevista para finales del primer trimestre de este año–, la celebración de las elecciones presidenciales a finales del próximo mes de junio parece cada vez más improbable.

“En la ejecución del acuerdo de Uagadugú, a pesar de todos los avances, estamos encontrando dificultades y obstáculos”, admitió Guillaume Soro. Muchas de las operaciones previas a la organización de las elecciones presidenciales, fase definitiva de la reconciliación entre los costamarfileños, tardan en cumplirse.

Nadie sabe cuándo empezará la reconstitución de los registros civiles perdidos o destruidos durante la guerra, inicialmente prevista para diciembre del año pasado. El primer ministro espera aún las propuestas de los partidos políticos para establecer un modo consensuado para esta operación que, según la empresa encargada de fabricar los carnés de identidad, tardaría un mínimo de siete meses.

La incertidumbre sobre el desarme tampoco deja a nadie indiferente. En lo se que refiere al desarme y desmantelamiento de las milicias, sigue todo igual después de la gran operación efectuada en el oeste del país por el jefe de Estado el 19 de mayo de 2007.

Tampoco las cosas progresan del lado rebelde. No se sabe aún el número de los que deben integrarse en el Ejército. Ni cuándo abandonarán las tropas rebeldes los frentes, aunque esto podría ocurrir pronto. El pasado 15 de marzo, los cascos azules presentes en el país entregaron tres cuarteles que habían rehabilitado. Otros tres están siendo restaurados. Sólo los 12.000 soldados gubernamentales que estaban en el frente han completado su retirada y reagrupación en sus cuarteles. En el bando rebelde, hasta la fecha únicamente 118 combatientes han sido acantonados, mientras que el grueso de las tropas estimadas en 43.000 hombres sigue en los frentes.

Símbolo de la partición del país, la aduana y la hacienda nacional están ausentes en el norte, donde los jefes rebeldes siguen recaudando impuestos y tasas. Las víctimas de la guerra no han sido indemnizadas y la mayoría de los desplazados que quieren regresar a sus casas no pueden hacerlo porque sus inmuebles siguen ocupados por los rebeldes. La operación de retorno de la administración, que debía terminar a finales de enero, sólo se ha efectuado en el 70 por ciento.