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El 15 de marzo, con ocasión del Día Internacional de los Consumidores, los togoleses se manifestaron en Lomé, la capital, para protestar contra la carestía de la vida –la harina de trigo ha subido un 46 por ciento en un año– y la pobreza. El carácter pacífico de esta protesta contrastó con las que se celebraron en Senegal y Costa de Marfil, donde la vertiginosa subida de los precios de los productos de primera necesidad llevó a la población a salir a la calle.
El arroz, el aceite, la harina, el pan, la gasolina, todo aumenta en el continente, como indicó, hace un mes, el semanal panafricano Jeune Afrique. Algunas zonas rurales están al borde de la hambruna, el malestar se nota en varias capitales y, si esta situación perdura, las violentas manifestaciones registradas en Camerún, el mes pasado, en las que murieron un centenar de personas, así como las revueltas en Burkina Faso –el 13 de marzo, 45 personas fueron condenadas a distintas penas de cárcel por “manifestación ilícita”–, donde una persona había perdido la vida, podrían dejar de ser casos aislados.
La propagación de los disturbios populares contra la carestía de la vida, mezclada con las frustraciones políticas y las preocupaciones sociales, es una realidad. Los gaboneses han abandonado definitivamente su privilegio de país productor de petróleo, después de que el Gobierno hubiera decidido la reducción a la mitad de las subvenciones, lo que provocó la subida en un 25 por ciento del precio de la gasolina.
En Senegal, el arroz, principal ingrediente de la alimentación nacional, el tiebudien, está en el centro de las preocupaciones. El país sólo produce 100.000 de las 800.000 toneladas de arroz del consumo local, y el primer suministrador, Vietnam, ha suspendido sus exportaciones. Sólo Tailandia y la India mantienen sus ventas, pero a cuentagotas. Como reacción, el Gobierno ha rebajado un 10 por ciento los aranceles sobre las importaciones, pero esta medida no ha sido suficiente. Además afectó a las cuentas públicas, de por sí renqueantes.
De media en el continente las recaudaciones aduaneras representan la cuarta parte de los ingresos públicos. Los Estados no pueden, indefinidamente, prescindir de este maná, a no ser que controlen los precios, suban los impuestos indirectos y luchen contra el comercio informal. Y fue precisamente la voluntad intervencionista demostrada por las autoridades burkinesas la que encendió el polvorín en las principales ciudades del país.
En Costa de Marfil, ya no se habla de la cesta de la compra, sino de la “bolsa de la compra”. La inflación sobre los productos de primera necesidad, desde la crisis de 2002, ha llevado a los costamarfileños, resignados, a acostumbrarse a apretarse el cinturón. Para los más pobres, la “muerte súbita” –una única comida al día– se ha convertido en la norma, mientras que se preveía una nueva subida del precio de la barra de pan para finales de marzo, de 150 a 200 francos CFA.
Para prevenir un eventual revuelo popular, el Gobierno de Malí ha creado un Consejo Nacional para los Precios, y ha prohibido las exportaciones de cereales hacia los países limítrofes. Asimismo, para que no subieran los precios, dio una subvención de 40.000 millones de francos CFA a los comerciantes. Sin embargo, algunos cobraron la ayuda sin repercutirla sobre los precios, y en pocos meses, todo subió: más del 42 por ciento el arroz y más del 29 por ciento la harina.
Medidas similares se han aplicado en Camerún, donde el presidente Paul Biya subió un 15 por ciento el salario de los funcionarios y suspendió los derechos arancelarios sobre varios productos de primera necesidad. Las tarifas de la luz, el teléfono y de los carburantes también podrían experimentar una bajada.
En Níger, donde la crisis alimentaria de 2005 está aún en la mente de todos, el primer ministro Seyini Oumarou acordó, el 27 de febrero, con los importadores de arroz no subir más los precios, que experimentaron un aumento, que varía entre 400 y 450 francos CFA el kilo.
El eco de las protestas sociales en África Occidental resuena en todo el continente. Y, por una vez, las organizaciones internacionales y las poblaciones africanas coinciden. El Fondo Monetario Internacional ha confirmado una subida de la inflación, que pasará de 6,2 por ciento en 2007 a 6,9 por ciento este año. Más preocupante aún, la FAO estima que 21 países africanos necesitarán este año ayuda exterior para su alimentación. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos reclama 500 millones de dólares complementarios, sobre un presupuesto inicial de 2.900 millones para llevar a cabo la mayor operación humanitaria a través del mundo, sobre todo en África.
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