Las congregaciones religiosas que trabajan en Katanga, al este de la RDC, han hecho pública una declaración en la que denuncian la práctica “infame y bárbara” de las violaciones sexuales masivas, “una de las peores catástrofes humanitarias de la historia”.

La declaración de los Comités de la Asociación de Superiores Mayores (ASUMA) y de la Unión de Superioras Mayores (USUMA), y de todos los miembros de las congregaciones religiosas presentes en Katanga, firmada en Lubumbashi el pasado 1 de marzo, pretende “denunciar las violaciones sexuales y las condiciones deshumanizadoras a las que están sometidos nuestros hermanos y hermanas del este de la RDC”, según se lee en el título.

Los religiosos consideran que las violaciones sexuales “en serie” de mujeres y de niñas, y las violaciones a gran escala de los derechos humanos, constituyen “una tragedia semejante a una ‘epidemia’, cuya erradicación debería movilizar a todo el mundo”. En este sentido, creen que “se impone una acción urgente y profunda”, al tiempo que denuncian la “indiferencia cómplice y culpable” de un “sistema de impunidad que agrava la situación”.

“Constatamos con pena no sólo que la gran mayoría de estos crímenes permanece impune, sino que los autores de estas acciones se mueven sin ser molestados y reinciden sin ningún temor, mientras aumentan cada vez más el grado de sus bárbaros actos”, constatan los firmantes.

Para los religiosos, las violencias sexuales se han convertido en “un arma temible para aniquilar y diezmar a la población”. En su escrito van más allá cuando se preguntan si esta práctica no se hace “a sabiendas de quien lucha por hacerse con el poder o de poderes internos y externos, cuyos objetivos se mantienen con frecuencia ocultos”. La situación es todavía más dramática cuando “los bellos discursos y las condenas verbales no están seguidas de acciones concretas destinadas a poner definitivamente freno a esta práctica que envilece tanto al autor como a la víctima”.

Los religiosos de Katanga enmarcan su denuncia en el contexto de la situación “inhumana e injustificada” que continúa en el este de la RDC, caracterizada por todo tipo de violencias. Asimismo, basan su condena en los informes de organismos internacionales, como Médicos Sin Fronteras y la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros. Por eso, agradecen el trabajo de las distintas ONGs, asociaciones civiles e instituciones sanitarias que ofrecen sus servicios desinteresados a la mayoría de las víctimas. Igualmente, recuerdan que la Iglesia también dispone de muchas estructuras para acoger, asistir y orientar a las víctimas de agresiones sexuales.

Las congregaciones religiosas se remiten tanto al informe de la Conferencia Episcopal de la República Democrática de Congo (CENCO) para la Conferencia sobre Paz, Seguridad y Desarrollo en el norte y sur de Kivu, celebrada en Goma en enero pasado, como a varios artículos de la Constitución, a la hora de enumerar una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades políticas, militares y judiciales para desterrar de la sociedad la “práctica infame y bárbara” de las violencias sexuales.

Entre ellas solicitan que las autoridades “tomen medidas concretas para aplicar la ley y corregir severamente a todos los culpables” de la violencia contra las mujeres y, sobre todo, contra las niñas. También piden a la comunidad internacional que presione al Gobierno congoleño, y de modo especial al aparato judicial, “para que luche efectivamente contra la impunidad”.

En concreto, reclaman a la MONUC que juegue limpio en su papel de imponer y velar por la paz, para “que no avale un nuevo genocidio bajo el pretexto de una misión de observación, a todas luces ineficaz”. Los religiosos alzan la voz en nombre del pueblo, pues “la población violentada pide justicia; y es inhumano permanecer sordos a este grito de angustia”.