El pasado 8 de enero, Jacob Gedleyihlekisa Zuma, nuevo líder del Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en inglés), fue designado candidato del partido para las elecciones presidenciales previstas para finales de 2009. Sin embargo, podría ver truncadas sus aspiraciones, si es condenado el próximo 14 de agosto en plena campaña electoral, por corrupción en un contrato con el fabricante francés de armas Thales. Calificado de “caza de brujas” por sus aliados, este futuro enjuiciamiento no parece intimidar a un Zuma en plena ascensión política, desde su elección el 18 de diciembre del año pasado como presidente del partido. Más que por sus propuestas concretas para atajar los problemas crónicos de la pobreza, el paro y la pandemia del sida, su victoria se debió a la desilusión de los militantes que califican al presidente Thabo Mbeki como un intelectual lejano.

 Considerado como un hito en la historia del movimiento de liberación más antiguo del continente africano, el poder bicefálico surgido de estas elecciones –Mbeki como jefe del Estado y Zuma al frente del partido– podría ser fuente de crisis. El jefe del Estado tendrá que aceptar las eventuales inflexiones decididas por el partido durante los dos años restantes de su mandato. El poderoso sindicato Cosatu, aliado de Zuma, ya ha pedido a Mbeki que revise su política monetaria y aumente el gasto público para permitir a millones de pobres gozar del crecimiento económico. A pesar del cumplimiento de algunas promesas –2 millones de nuevas viviendas construidas, 4 millones de hogares con electricidad y el 85 por ciento de la población tiene agua potable–, queda mucho por hacer. La dirección saliente no ha ganado la batalla del empleo, y nada asegura que gane esta nueva. El candidato Zuma denunció las desigualdades de rentas, el paro masivo así como el mal estado de los servicios públicos.

 En su discurso de investidura, el nuevo líder del ANC declaró que la lucha contra la pobreza que afecta aún al 43 por ciento de la población –cerca del 10 por ciento vive en una miseria extrema– y el paro, estimado en cerca del 40 por ciento, serían sus prioridades. Sin embargo, necesita un milagro para cumplir sus promesas porque falta una mano de obra cualificada. En los mercados en desarrollo, al menos el 9,2 por ciento de los desempleados tiene una titulación, mientras que en Sudáfrica, sólo representan el 3 por ciento.

 El duelo entre Mbeki y Zuma se jugó principalmente sobre sus personalidades y hablaron poco de la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, cada día se registran más de 300 homicidios o agresiones violentas en el país, uno de los tres más peligrosos del mundo, junto con Irak y Colombia. El año pasado, se registraron unos 219.000 ataques y cerca de 200.000 robos a mano armada, así como 52.000 violaciones y 20.000 intentos de homicidio. El alto índice de delincuencia se explica particularmente por las fuertes disparidades sociales que no han disminuido a pesar del crecimiento económico de los últimos años que ha beneficiado sobre todo a la burguesía blanca y a la pequeña élite negra. A esto se suman el alcoholismo y la violencia heredada del apartheid. Mbeki prometió aumentar el número de policías. Pero ni eso ni el presupuesto muy elevado –cerca de 6.000 millones de euros–, de la policía sudafricana consiguen frenar la criminalidad. Además, los policías están mal pagados y, muy a menudo, son fáciles de sobornar. No en vano el jefe de la policía, Jackie Selebi, fue destituido el pasado enero por corrupción.

 La reforma agraria es otro de los problemas que ambos líderes apenas abordaron. Pretoria ha optado por una reforma agraria “asistida por el mercado”, es decir la libre voluntad de las partes. Los agricultores negros que deseaban comprar deben hacerlo solos o en grupo, gracias a las indemnizaciones gubernamentales pero con la condición de que la parte contraria quiera vender sus tierras. El Gobierno se había fijado como objetivo redistribuir el 30 por ciento de las tierras antes de 2014. Este compromiso político ha sido poco eficaz.

 Desde 1994, sólo el 3,6 por ciento de las granjas han sido redistribuidas a 1,2 millones de negros, mientras que 60.000 blancos siguen poseyendo y administrando el 80 por ciento de las superficies cultivables. Se calcula que todavía hay unos 3,5 millones de negros expropiados de sus tierras que esperan una redistribución.