El pasado 24 de enero, los congoleños dieron un frágil paso con la esperanza de pacificar las sufridas regiones de Kivu, en el este del país. Después de dos semanas de duros debates e intensas negociaciones, todos los grupos armados activos en Kivu Norte y Kivu Sur firmaron en Goma un “Acta de Compromiso” para un cese inmediato de las hostilidades.

Cinco días después, se debía determinar una zona desmilitarizada controlada por una fuerza de paz de la ONU. Por otra parte, un comité se hará cargo del desarme de los ex combatientes y de su integración en el Ejército congoleño.

El Gobierno, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, del general disidente Laurent Nkunda, los Patriotas Resistentes del Congo y las milicias locales Mai Mai, entre otros, rubricaron el documento en presencia de varios representantes de la comunidad internacional: Estados Unidos, con dos emisarios (Rankin Haywood, enviado especial en Kivu Norte, Timothy Shortley, consejero especial para la resolución de conflictos), Unión Europea, Unión Africana y la Misión de la ONU en Congo.

La Conferencia de Goma costó 10 millones de dólares y contó con la asistencia de 1.500 delegados, a pesar de que inicialmente se preveía la participación de unas 600 personas. No obstante, todos reconocen que este primer ejercicio de “exorcismo colectivo” fue liberador. Es la primera vez, desde el fin de la última guerra en la República Democrática de Congo (1998-2003), que todas las partes implicadas se comprometen colectiva y públicamente a un alto el fuego y a la desmovilización progresiva de sus tropas sobre el terreno.

Durante un tiempo, se temió que fracasaran las negociaciones. Los representantes de Laurent Nkunda exigían que el acuerdo fuera “entre” los grupos armados y el Gobierno, y no únicamente “en presencia” del Gobierno. Asimismo, querían estar asociados a la dirección del comité técnico de seguimiento y reclamaban una amnistía “para los perseguidos por crímenes de guerra” a fin de proteger a Nkunda, que está bajo un mandato de arresto internacional por crímenes de guerra cometidos en la RDC.

Finalmente, se llegó a un acuerdo para la creación del comité de seguimiento, que estará copresidido por las autoridades congoleñas y los mediadores internacionales. El proyecto de amnistía cubrirá los “hechos de guerra e insurreccionales”, pero no los crímenes de guerra, contra la humanidad ni de genocidio.

Por último, el texto quedó como un simple “Acta de Compromiso” y no como un “Acta de Compromiso de los grupos armados”, firmado por todos los beligerantes, el Gobierno congoleño y los representantes de la comunidad internacional.

Los participantes en la conferencia adoptaron por unanimidad una resolución que exige el “desmantelamiento de todos los grupos armados nacionales y extranjeros” en Kivu y el “despliegue de observadores y fuerzas” de la ONU para vigilar el respeto del alto el fuego y “proteger a los desplazados internos y los refugiados que regresan a sus pueblos”.

Según Naciones Unidas, desde 2007 los combates, las violaciones y el reclutamiento forzoso de los niños han obligado a unas 800.000 personas a abandonar sus hogares en Kivu Norte, una región donde se enfrentan, con cierta indiferencia, las tropas rebeldes de Laurent Nkunda y las Fuerzas Armadas Congoleñas.

La suerte de la población preocupa mucha a la ONU, que ha alertado de una “exacerbación de la connotación étnica del conflicto”, debido a que Laurent Nkunda se presenta como el defensor de los tutsis congoleños, contra los hutus de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), que se refugiaron en la R. D. de Congo después de la llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés, un movimiento tutsi liderado por el presidente Paul Kagame.

Sólo queda esperar a que el acuerdo aporte efectivamente la paz. Algunos grupos armados que no fueron invitados podrían ponerlo en peligro. A comienzos de febrero, varios efectivos de las FDLR atacaron un destacamento de las Fuerzas Armadas Congoleñas en Kalehe, Kivu Sur.