Genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y terrorismo cometidos en Ruanda y la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002. Por estas causas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu Merelles anunció, el pasado 6 de febrero, el enjuiciamiento de 40 militares ruandeses, en virtud de la competencia universal para juzgar este tipo de actos.

La Justicia española comenzó esta investigación en 2005 por la muerte de nueve españoles asesinados en Ruanda entre 1994 y 2000, tras una demanda del Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en la zona de los Grandes Lagos, formado por religiosos y miembros de ONGs españolas.

Entre los acusados figuran el presidente de la República, Paul Kagame; James Kabarebe, jefe del Estado Mayor; y el general Karake Karekezi, actual número dos de la Misión de la ONU y de la Unión Africana en Darfur.
Si bien la Justicia española no es competente para procesar al líder ruandés, porque tiene inmunidad presidencial, la demanda del juez de la Audiencia Nacional apunta que Kagame tiene responsabilidad directa en la instauración, a partir de su llegada al poder en julio de 1994, de un “método criminal”.

Hay “indicios racionales” según los cuales “a partir del mes de octubre del año 1990 un grupo de estructura político-militar fuertemente armado y organizado inició una serie de actividades de carácter criminal, comenzando a realizarlas desde Uganda en el territorio de Ruanda”, reza el auto.

En este documento de 181 páginas, el magistrado español atribuye a los ex rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (FPR) el atentado perpetrado contra el presidente hutu Juvénal Habyarimana y que desencadenó el genocidio en el que murieron 800.000 tutsis y hutus moderados, según la ONU.

De este modo, Andreu Merelles llega a las mismas conclusiones que su homólogo francés Jean-Louis Bruguière, quien en noviembre de 2006 emitió una orden internacional de busca y captura contra nueve miembros del entorno de Paul Kagame, algunos de ellos citados en el caso juzgado en España.

Ambos coinciden en que el FPR, que se convirtió luego en partido político, fomentó un verdadero clima de terror, no sólo a través de la propia estructura de esta dictadura, sino también por la instauración de estructuras paralelas responsables de crímenes odiosos cometidos contra la población civil, tanto nacional como extranjera.

El punto culminante de esta política, según el juez Fernando Andreu Merelles, es la “invasión y conquista” de la República Democrática de Congo “en compañía de otros grupos político-militares creados a este efecto” para “realizar un inmenso saqueo y el pillaje, en particular de los recursos naturales preciosos”, con el fin de “mantenerse en el poder y ejercer una dominación geoestratégica sobre la región”.

Como era de esperar, la noticia no ha sido bien recibida en el país africano. El portavoz del Ejército ruandés, el mayor Jill Rutaremara, reaccionó declarando que este procesamiento busca “empañar la imagen de Ruanda” y es una “campaña malintencionada”.

Por su parte, el Gobierno de Ruanda instó a España y a los demás Estados miembros de Naciones Unidas a negarse a dar curso a lo que calificó de “infundadas y ridículas actas de acusación”. Asimismo, reclamó en particular a la Interpol –cuya colaboración y la de los Estados es fundamental para llegar a un juicio, según el abogado de la acusación particular, Jordi Palou-Loverdos– que ignorara estas órdenes de arresto.

Según el documento del juez, siete de los acusados residen en el extranjero. Entre ellos, figuran el teniente coronel Rugumya Gacinya, agregado militar de la embajada de Ruanda en Estados Unidos, y Kayumba Nyamwasa, embajador de Ruanda en la India.