Festus Mogae, ex presidente de Botsuana, ha entrado en el selecto grupo de jefes Estado africanos que abandonan voluntariamente el poder. El pasado 1 de abril, Mogae fue sustituido por el vicepresidente Seretse Khama Ian Khama, de conformidad con la Constitución que limita los mandatos presidenciales a 10 años –dos mandatos de 5 años–.

La suave transición sigue el ejemplo dado por el predecesor de Mogae, Ketumile Masire, quien renunció a su cargo en 1998, a pesar de que la nueva ley le permitía presentarse a las elecciones de 1999 y 2004. Hoy, su sucesor ha hecho lo mismo al dejar el poder 18 meses antes de las próximas elecciones generales y sin terminar su segundo mandato. Pues de los diez años que ha gobernando, año y medio fueron para completar el mandato de Masire.

Pero los botsuanos y sus líderes son fieles a su Constitución, que da a su país una estabilidad política reconocida por el Banco Mundial, mientras que la ONG Transparency International lo sitúa como el Estado menos corrupto de África. La riqueza de este país poco poblado de África Austral se debe principalmente a su posición de primer productor mundial de diamantes en valor y en volumen, con 34,3 millones de quilates extraídos de sus cuatro minas a cielo abierto en 2006, que generaron unos 17.400 millones de pulas –1.600 millones euros–.

Hace dos meses, el Gobierno inauguró la Diamond Trading Company Botswana, consorcio a partes iguales entre el Estado y el grupo De Beers, que permite al país seleccionar y vender sus diamantes brutos en lugar de enviarlos a Londres. También se ha diversificado la economía a través de la explotación de importantes reservas de carbón, y con el desarrollo del turismo basado en los espectaculares paisajes y la fauna salvaje del país.

El nuevo presidente Ian Khama, hijo del primer jefe del Estado después de la independencia, ha prometido seguir en la misma línea que su predecesor al frente de uno de los países más prósperos del continente, a pesar de los estragos del sida. Esta pandemia ha rebajado la esperanza de vida de 65 a menos de 40 años en un país donde 270.000 de los dos millones de habitantes son seropositivos.

El impacto de esta enfermedad es tal que el Gobierno ha decidido dedicar la cuarta parte de los presupuestos de 2008, unos 834 millones de pulas –80 millones de euros–, a la lucha contra el sida. La mayoría de los fondos financian la compra de antirretrovirales distribuidos gratuitamente a aproximadamente el 85 por ciento de los enfermos, según el programa de la ONU contra el sida.

Mogae prefería dedicar más dinero público para combatir el sida, pero al mismo tiempo era muy reticente a las peticiones salariales de los sindicatos, con los que su sucesor tendrá que negociar. Cinco sindicatos, entre ellos los de educación y de funcionarios municipales, amenazan con ponerse en huelga para protestar contra las subidas salariales que consideran inferiores a la inflación.

Ian Khama también tendrá que mejorar la imagen del Gobierno, empañada por un largo juicio debido a la expulsión de los bosquimanos de sus tierras ancestrales del desierto del Kalahari. Esta expropiación provocó las críticas de los defensores de los derechos humanos y de los partidos de la oposición, que reprochan también al Gobierno lo poco que ha hecho por las minorías étnicas. En declaraciones a la Agencia France Presse, Motsamai Mpho, fundador del Partido del Pueblo de Botsuana, estimó que Mogae tenía que haber elaborado leyes para combatir las discriminaciones que “ponen en peligro la paz y la estabilidad”.