Los tuareg de Níger y de Malí toman las armas para hacerse escuchar. Esto se ha convertido en algo recurrente. Tienen reivindicaciones económicas, como en Níger, donde exigen un justo y equitativo reparto de los ingresos generados por el uranio que se explota en su región. Pero sobre todo comparten el sentimiento de abandono por parte de sus respectivos Gobiernos, a los que reclaman un reparto del poder y la descentralización de la administración.

Para satisfacer a estas peticiones, el Gobierno de Malí tiene previsto invertir unos 560.000 millones de francos CFA (más de 85 millones de euros) en el norte del país donde viven los tuareg. Hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos son algunos de los 39 proyectos de desarrollo que deberían realizarse en dos fases: el 70 por ciento se ejecutaría entre 2007 y 2011, y el 30 por ciento entre 2012 y 2016.

Fueron los retrasos en el cumplimiento de estos compromisos los que llevaron el pasado 20 de marzo a los rebeldes de Ibrahim Ag Bahanga a secuestrar a 33 de militares, como medida de presión y violando por segunda vez –la primera fue en agosto de 2007– los acuerdos de paz firmados en Argelia en julio de 2006. Sin embargo, gracias a la mediación del líder libio Muhamar El Gadafi, Gobierno y rebeldes firmaron el pasado 3 de abril un acuerdo de alto el fuego.

El trato dado a Ag Bahanga y sus hombres por el Gobierno del presidente Amadou Toumani Touré contrasta con la situación del Movimiento Nigerino por la Justicia (MNJ) de Aghaly Alambo. El presidente de Níger, Mamadou Tanja, niega la evidencia de una rebelión tuareg en el norte del país, al atribuir la inseguridad a “unos bandidos” armados por Gadafi, y sólo privilegia la represión.

Prueba de ello es que el Ejército ha aumentado sus efectivos en el norte y ha adquirido nuevos armamentos, sobre todo blindados. Desde el pasado 19 de marzo ha llevado a cabo varias ofensivas, la más importante el 31 del mismo mes, contra las bases de los rebeldes situadas en las montañas de Aïr, al norte del país.

Según las autoridades nigerinas, el activismo del MNJ “dificulta” las prospecciones mineras en el norte –han concedido 108 licencias a 31 empresas– donde la multinacional francesa Areva opera desde hace 40 años y a la que Tanja acusó de financiar a los rebeldes para desestabilizarlo por haber puesto fin a su monopolio.

Por su parte, el MNJ afirma luchar por los intereses económicos de la comunidad tuareg, dentro de la cual empiezan a surgir voces divergentes sobre los medios para conseguir el reconocimiento de sus derechos. “Las autoridades nigerinas deben aprender a gestionar el problema de manera democrática con los poderes locales que tienen más peso que los rebeldes, percibidos como unos bandidos”, declaró, bajo el anonimato, un diputado tuareg a la revista digital Afrik.com. Una solución que, desde su punto de vista, podría poner fin al conflicto que parece por ahora inevitable.