El pasado 4 de marzo, el presidente Laurent Gbagbo y Guillaume Soro, jefe de los rebeldes de las Fuerzas Nuevas, firmaron en Uagadugú, Burkina Faso, un acuerdo global de paz destinado a poner fin al conflicto que divide al país en dos desde septiembre de 2002. Fue en presencia del presidente Blaise Compaoré, bajo cuyos auspicios se iniciaron las negociaciones el 5 de febrero de 2007.

El documento de ocho capítulos detallados se refiere esencialmente a la identificación de las poblaciones, al proceso electoral, la reestructuración de las fuerzas de defensa y de seguridad, la reunificación del territorio y la formación de un nuevo Gobierno. Todo lo cual va acompañado de un cronograma muy preciso que prevé, en el plazo de 10 meses, las medidas necesarias para la organización de elecciones libres, abiertas, transparentes y democráticas.

En lugar de la identificación general de la población –una de las principales exigencias de las Fuerzas Nuevas–, ambas partes han decidido privilegiar la identificación del electorado, solamente a partir del censo del año 2000. Todos los ciudadanos que se registren en la lista electoral recibirán un resguardo con un número único de identificación y útil para la retirada de la tarjeta de elector y del nuevo carné de identidad. Esta operación tendrá lugar un mes después del comienzo de las audiencias foráneas, que durarán tres meses y que únicamente permitirán la entrega de partidas de nacimiento a todos los costamarfileños y extranjeros nacidos en Costa de Marfil.

Sobre las cuestiones militares, las partes han decidido unificar las fuerzas de defensa y de seguridad de Costa de Marfil y las Fuerzas Nuevas. Esta fusión se hará a través de la creación de una estructura denominada Centro de Mando Integrado (CCI, siglas en francés), bajo la autoridad conjunta de los jefes de Estado Mayor de ambos. Entre las misiones del CCI figuran la ejecución del programa nacional de desarme, desmovilización y reinserción de los ex combatientes. El CCI creará también unidades militares y paramilitares mixtas para el control de la zona de confianza rebautizada "línea verde", en cuanto su vigilancia deje de ser tarea de los cascos azules y militares franceses. El despliegue de la administración y de los servicios públicos intervendrá después de la supresión de la zona de confianza y la instalación de puestos de observación. El desmantelamiento de las milicias, la reagrupación de las tropas y el almacenamiento de las armas han sido igualmente tratados en el apartado militar.

En el acuerdo, Gobierno y rebelión piden el fin inmediato de las sanciones individuales dictadas por la ONU contra dos líderes de los "jóvenes patriotas" pro-Gbagbo y un responsable de las Fuerzas Nuevas por violación de los derechos humanos y obstrucción del proceso de paz. Los firmantes han pedido asimismo el levantamiento del embargo sobre las armas tres meses después de la organización de la elección presidencial, de cara al armamento ligero necesario para el mantenimiento del orden público y la seguridad. A fin de facilitar el perdón y la reconciliación nacional, ambas partes han decidido adoptar una ley de amnistía que cubra los crímenes y delitos relacionados con los disturbios que ha vivido Costa de Marfil, excepto los crímenes económicos, de guerra y contra la humanidad.

El acuerdo habla de gestión concertada del poder político entre Gobierno y rebelión. Los textos no fijan ningún marco ni determinan las prerrogativas que los firmantes piensan dar a la oposición y a la sociedad civil, manifiestamente excluidos de este reparto de poder. Sin embargo, los firmantes han aceptado "colocar" al ex Presidente Konan Bédié y al antiguo Primer ministro Dramane Ouattara dentro del Marco Permanente de Concertación con rango de presidente de Institución. Además de esta estructura, que de hecho sólo tiene un papel consultivo, Gbagbo y Soro han creado un Comité de Evaluación y de Acompañamiento, presidido por el jefe de Estado burkinés o su representante.

La especificidad del acuerdo de Uagadugú, en comparación con los acuerdos anteriores, es que reúne sólo a los dos beligerantes, que han optado por una solución africana de la crisis. Sólo queda esperar que los dos líderes demuestren que el acuerdo es algo más que el fruto de un simple regateo para el reparto del poder del Estado y de prebendas.