La buena acogida dada por el presidente Rodríguez Zapatero al plan de autonomía que Marruecos va a presentar este mes al Consejo de Seguridad de la ONU suma un nuevo e inequívoco espaldarazo del Gobierno a la estrategia con la que el rey Mohamed VI intenta eludir el cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre el Sahara Occidental. Lo preocupante es que esta declaración con la que el presidente español expresó en Rabat “el interés” de su Gobierno ante la solución al conflicto diseñada por Marruecos, convierte a España en cómplice de un flagrante atropello a esa legalidad internacional.

El escenario de este giro fue la cumbre hispano-marroquí celebrada en Rabat el pasado 6 de marzo. Los comunicados hechos públicos por Moncloa han intentado atenuar la indignación que el enfoque de Zapatero ante el bloqueo del plan de paz de la ONU en el Sahara ha causado entre el electorado socialista. Sus voces se han unido a la protesta del Frente Polisario, que defiende la independencia del pueblo saharaui, y sus incondicionales aliados en el Gobierno de Argelia, de donde procede el 60 por ciento del gas que se consume en España. Para tranquilizar los ánimos, el propio ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha puesto mucho énfasis en que lo que quiso decir Zapatero en Rabat no tiene que ver con una ruptura con el tradicional apoyo español a los esfuerzos con los que la ONU, desde 1991, intenta resolver el conflicto con un referéndum de autodeterminación. Todo sería fruto de una mala interpretación ante un nuevo intento español por favorecer el diálogo entre las dos partes en busca de la paz con una solución “en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas”.

Los argumentos con los que Zapatero da por hecha la viabilidad del plan marroquí omiten un detalle esencial: lo que propone el rey Mohamed VI es la imposición al pueblo saharaui de un régimen autonómico, descartando la posibilidad de que pueda elegir libremente entre la independencia o la integración a Marruecos. Alentar esta propuesta, por lo tanto, lleva implícita la incompatibilidad con ese logro de “un acuerdo definitivo que respete los principios de Naciones Unidas”. La legalidad internacional, en el caso de la colonia española, va asociada al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y al deber de España, como potencia administradora, de defender los intereses de sus tutelados hasta que dejen de ser una colonia.

El informe que el secretario general de la ONU hizo al Consejo de Seguridad de la ONU en abril de 2006 explicó claramente en su punto 37 por qué Zapatero ha caído en una irreconciliable contradicción: “El Consejo de Seguridad no podía invitar a las partes a negociar sobre una autonomía del Sahara bajo soberanía de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que ningún Estado miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía”.

Rodríguez Zapatero ya dijo en 2002, cuando era dirigente de la oposición, que no creía que la autodeterminación fuese la solución adecuada para garantizar el progreso del pueblo saharaui. Eran los momentos álgidos de la crispación hispano-marroquí que, con epicentro en el apoyo del Gobierno de Aznar al plan Baker II, que contempla la celebración de un referéndum, desembocó la crisis de la isla de Perejil.

El rey Mohamed VI no comprende que ni siquiera la complicidad española –con su condición de potencia administradora del Sahara que todavía le sigue reconociendo la ONU– sea suficiente para torcer esa doctrina onusiana fundamentada en más de 50 resoluciones y un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. Para no seguir aplazando esta última cumbre ha exigido a Zapatero que su lenguaje sobre el Sahara se homologue con su política de apoyo en las votaciones de la ONU, la venta de armas o el apoyo diplomático ante terceros a favor de sus pretensiones. En esta guerra de confusión verbal, Rabat ha celebrado como un nuevo triunfo que en las declaraciones con las que el rey Juan Carlos ha intentado contrarrestar la polémica en Argel, en lugar de utilizar el término “autodeterminación” se haya referido a la “libre determinación” del pueblo saharaui.

Ana Camacho.