El pasado 29 de octubre, el presidente Idriss Déby apareció delante de los fotógrafos y periodistas del mundo entero para defender los derechos de los 103 niños chadianos a los que miembros de la asociación francesa El Arca de Zoé querían llevar a Francia. Acusados de “secuestro de menores, fraude” o “complicidad”, 17 ciudadanos europeos, entre ellos 7 españoles de la tripulación de la compañía aérea Girjet, fueron detenidos.

La ONG gala declaró que intentaba de este modo “salvar” al centenar de niños de una “muerte segura” en la región sudanesa de Darfur, asolada por más de cuatro años de guerra. El Arca de Zoé justificaba la evacuación de los menores en su web asegurando que la intención era ayudar a niños huérfanos actuando bajo el amparo de la ley del derecho internacional. El proyecto, presentado en abril, iba envuelto en el celofán de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

No obstante, según todas las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, la mayoría de estos niños ni son huérfanos ni vienen de Darfur. El Arca de Zoé ha actuado de manera expeditiva, con prepotencia y desprecio hacia las autoridades de un Estado soberano. El Gobierno francés, que sabía de la existencia de este proyecto, no lo detuvo ni informó a Chad. Incluso los seudo agentes humanitarios recibieron ayuda de la embajada de Francia en Yamena para el traslado de su material. ¿Complicidad o negligencia? Aún no se sabe.

Lo cierto es que gracias a este escándalo, se conoce algo más de la situación de la infancia en Chad donde millones de niños viven en condiciones humanitarias deplorables. Por lo que cualquier declaración del presidente Déby y otros responsables chadianos sobre el trato dado a los niños debería comenzar por una reflexión sobre cómo  los trata el Gobierno. En la actualidad, uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años y el 40 por ciento de la población infantil no frecuenta ninguna escuela. Muchos de ellos están desnutridos y no tienen acceso al agua potable y a la sanidad.

Los centros de salud son escasos y, cuando existen, carecen de medicamentos. Según un informe publicado por Human Rights Watch en julio de este año, miles de niños menores de 18 años han sido alistados en el Ejército chadiano para luchar o como cocineros. UNICEF calcula que cerca de 7.000 niños, algunos apenas han cumplido los ocho años, han sido reclutados por los rebeldes o los grupos armados.

No en vano, el secretario general de la ONU, Ban Ki‑moon, declaró en julio pasado que “las violaciones sistemáticas de los derechos más fundamentales de los niños chadianos eran fuente de una gran preocupación”. Entre estas violaciones figuran la explotación de niñas de 10 años para labores domésticas, la escarificación de los jóvenes que trabajan como pastores, el tráfico de niños dentro del propio país, los matrimonios forzosos y precoces de las niñas.

Pocos o casi nadie comparte el modo de “trabajar” de El Arca de Zoé. También es difícil tomar en serio a las autoridades chadianas cuando hablan del bienestar de los niños, sabiendo que no los protegen como se debe. El interés súbito del presidente Idriss Déby por las condiciones de vida de los niños se debe, con toda probabilidad, a la búsqueda de beneficios propios.

Aunque las autoridades francesas y chadianas insisten en el hecho de que este incidente no representa ninguna amenaza para el futuro despliegue de la fuerza de paz de la Unión Europea en Chad, según varios observadores, el presidente chadiano podría aprovechar esta situación para aumentar su influencia sobre las modalidades de despliegue de las tropas europeas. Este escándalo también podría permitirle reaparecer en la escena internacional y desviar la atención hasta aquí enfocada sobre las reivindicaciones de los rebeldes que actúan en el este del país.