El pasado 7 de noviembre, una coalición de 48 Organizaciones No Gubernamentales de Europa, Estados Unidos, Canadá y de la República Democrática de Congo lanzaron un llamamiento internacional para reclamar la publicación cuanto antes del informe final de la Comisión Ministerial encargada de la revisión de los contratos mineros. Esta comisión, creada por decreto ministerial el 20 de abril de 2007, tenía como mandato examinar los contratos de asociación y su impacto sobre el desarrollo nacional, y proponer, si fuera el caso, modalidades de revisión con vistas a corregir de este modo los desequilibrios constatados.

Los trabajos de la Comisión, comenzados a mediados de junio y con una duración prevista de tres meses, se prolongaron hasta finales de octubre. Todo hace pensar, según los documentos y las informaciones que circulan en Kinshasa y ampliamente comentadas en los medios de comunicación internacionales, que los miembros de la Comisión han terminado el examen técnico y jurídico de unos sesenta contratos mineros y han redactado sus observaciones y recomendaciones. Esta filtración, motivada según la prensa congoleña por presiones de todo tipo sobre los comisarios para hacer modificar determinados elementos del informe, ha tenido efectos inmediatos: retroceso de los valores bursátiles de determinadas empresas y una investigación policial sobre el origen de la filtración. Un manejo más diligente y más diáfano del proceso de “revisión” habría podido evitar sin duda las vacilaciones actuales y la búsqueda vana de culpables.

Las ONGs, entre las cuales figuraban Entraide Missionnaire de Canadá, RODHECIC de la R. D. de Congo, los Comités de Solidaridad con África Negra de España y el Centro Carter de Estados Unidos, consideran imperativo que el Gobierno publique el informe completo. Esto pondría fin a la incertidumbre y a la sospecha que manchan al sector minero, y permitir a los actores afectados reaccionar debidamente. Asimismo, reclaman a las autoridades que anuncien la respuesta que tienen la intención de dar a las recomendaciones de la Comisión y las reglas que prevalecerán durante la renegociación previsible de los contratos mineros. Pues, bien llevado, esta revisión podría inaugurar una nueva era de transparencia y de equidad en las negociaciones que rodean a la asignación de los contratos mineros en curso actualmente y en el futuro.

Por otra parte, las organizaciones firmantes del llamamiento solicitan a los países amigos de la R. D. de Congo, así como a las instituciones financieras internacionales, entre las cuales algunas han documentado la iniquidad e irregularidad de determinados contratos mineros, que aporten todo el apoyo necesario para llevar a buen término el proceso iniciado por la Comisión gubernamental. Si la Comisión, durante su investigación, descubriese hechos ilegales flagrantes, y a falta de voluntad o de capacidad del Gobierno congoleño para emprender las acciones recomendadas, será responsabilidad de los países de origen de las empresas culpables reclamarles cuentas. Esto constituirá un signo tangible para la población congoleña de su apoyo a la instauración de prácticas transparentes de buen gobierno y de lucha contra la corrupción.

La instauración de una paz duradera, la reconstrucción del país y la reducción de la pobreza dependen en su mayor parte del éxito de este proceso. Por eso, el proceso de revisión de los contratos mineros ha de llevarse bien para contribuir a la recuperación de la economía congoleña y al desarrollo nacional. Se sentarán así las bases del buen gobierno y de la lucha contra la corrupción en la gestión de los recursos naturales para el bienestar de toda la población.