Ruanda: las acusaciones del juez Bruguiere

El pasado 17 de noviembre, el juez francés Jean-Louis Bruguière emitió una orden internacional de busca y captura contra nueve miembros del entorno del presidente ruandés Paul Kagame, por “asesinato, complicidad de asesinato y asociación de malhechores para cometer un acto terrorista”. En el documento de 64 páginas, el magistrado antiterrorista recomendó también la comparecencia de Kagame ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por su presunta implicación en el asesinato del ex presidente ruandés Juvenal Habyarimana. En protesta por estas decisiones, Ruanda llamó a su embajador en París a consulta, expulsó al embajador francés en Kigali y rompió sus relaciones diplomáticas con Francia.

El juez Jean-Louis Bruguière acaba de conseguir uno de sus objetivos. Después de llevar casos contra el coronel Gadafi y el Irán de los ayatolás, ahora se encara a uno de los jefes de Estado más controvertidos de África, implicado en una tragedia que conmovió al mundo: el genocidio ruandés. La investigación del juez Bruguière responde a una querella presentada en 1998 por los familiares de la tripulación francesa del avión presidencial Falcon 50 y de Agathe Habyarimana, la viuda de Juvenal Habyarimana.

Ocho años después, la justicia francesa sostiene la tesis de un atentado perpetrado por el FPR (Frente Patriótico Ruandés) dirigido por Paul Kagame. Según numerosos testimonios, incluidos los de antiguos miembros del ex movimiento rebelde, el magistrado estima que la decisión de atentar contra Habyarimana se tomó entre finales de 1993 y principios de 1994, por los más altos mandos de la rebelión.

Según el magistrado, el atentado contra Habyarimana formaba parte de un plan urdido por el FPR para hacerse con el poder por la violencia. Kagame y su entorno habrían provocado los enfrentamientos para justificar el retorno a Ruanda de sus guerrilleros, hasta entonces establecidos en Uganda.

Sólo les quedaba esta alternativa al no tener una base popular suficiente para acceder al poder por la vía democrática. Las diferentes escisiones dentro de los partidos políticos de oposición favorables a la colaboración con el FPR, sin cuyos apoyos Kagame no podía ganar las elecciones, aceleraron la ofensiva rebelde. El 9 de abril de 1994, Kagame declaró en Radio Muhabma que estaban caducos los acuerdos de Arusha y añadió que había elegido la opción que mejor respondía a los objetivos del FPR: la conquista del poder por la fuerza de las armas. Es más, Bruguière cree que la masacre de tutsis sirvió a la causa del FPR, ya que le ha asegurado el apoyo de la comunidad internacional. Kagame nunca dudó en apoyarse en el genocidio para mantenerse en el poder.

ACUSACIONES DE REVISIONISMO

El Gobierno ruandés ha acusado al juez Bruguière y a otros órganos del Estado francés de organizar la negación del genocidio y el revisionismo. Sus argumentos –lo que llaman los límites de la investigación– son los siguientes: Bruguière nunca viajó a Ruanda, por lo que no ha podido contrastar sobre el terreno los testimonios vertidos en su auto judicial. Se le reprocha también su deseo, apenas disimulado, de seguir una única pista: la que lleva a culpar al presidente Kagame.

Asimismo, las hipótesis sobre la posesión de misiles Sam por los extremistas hutus y las que implican a unos mercenarios sólo se evocan como recordatorios e inmediatamente son descartadas. Las acusaciones se basan en los testimonios de dos disidentes del Ejército Patriótico Ruandés, cuya credibilidad, como es de suponer, es recusada totalmente por Kigali: Abdul Ruzibiza y Aloys Ruyeri.
Kigali considera también que la orden de Bruguière tiene un carácter eminentemente político. Al juez se le reprocha haber sobrepasado su papel al hacer un análisis personal de las motivaciones atribuidas al jefe del Estado ruandés, quien habría planificado el genocidio de su propio pueblo para conseguir el poder.

Según sus detractores, el juez Bruguière sólo está consiguiendo disculpar a los hutus actualmente procesados por planificar el genocidio. De este revisionismo se beneficiarían los defensores del honor del Ejército francés, cuyo controvertido papel antes y durante el genocidio es objeto en estos momentos de querellas e investigaciones, tanto en Kigali como en París.

INSTIGADORES

Según el auto del juez, el presidente Paul Kagame, Faustin Nyamwasa-Kayumba, James Kabarebe y Charles Kayonga son los instigadores del atentado contra el presidente Habyarimana, que costó también la vida a Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi. El magnicidio se propuso, decidió y preparó en tres reuniones celebradas en el cuartel general del FPR en Mulindi.

La primera reunión tuvo lugar un mes después de los Acuerdos de Arusha, firmados en agosto de 1993. Durante esta reunión, la mayoría de los oficiales presentes desaprobaron los acuerdos por estimar que su aplicación no les favorecía. Fue entonces cuando surgió la idea de eliminar a Habyarimana.

El plan del asesinato se presentó en la segunda reunión, celebrada a finales de 1993. La planificación y la fase operacional corrió a cargo de James Kabarebe, quien se encargó de la selección del comando especializado en el manejo de los misiles tierra-aire facilitados por Uganda. Después de aprobar el plan, los instigadores se reunieron por última vez el 31 de marzo de 1994, para planificar el derribo del avión presidencial. Durante este encuentro, Kagame dio la orden de derribar el avión de Habyarimana.

LOS EJECUTORES

El juez Bruguière imputa al subteniente Franck Nziza y al cabo Eric Hakizimana como autores materiales del atentado al disparar los dos misiles contra el avión presidencial. En enero de 1993, estos militares del Ejército Patriótico Ruandés recibieron en Uganda una formación para el manejo de misiles. Los misiles Sam 14 y Sam 16 llegaron de Uganda a comienzos de enero de 1994 y fueron escondidos en el Consejo Nacional para el Desarrollo, que servía de cuartel de los rebeldes del FPR.
El día del atentado, Eric Hakizimana efectuó un primer disparo, que falló. Fue el segundo misil, disparado por Frank Nziza, el que alcanzó al aparato y provocó su explosión en vuelo. Entre los ejecutores figuran también Jackson Nkuruziza, jefe del G5 en el Estado Mayor, Samuel Kanyemera, actualmente diputado, Jacob Tumwine, hombre de negocios, y Rose Kabuye, directora del protocolo. A estos últimos se les acusa de la preparación material, de la organización y de facilitar información necesaria para la ejecución del atentado.

EL CASO KAGAME

Para Bruguière, el general Paul Kagame optó deliberadamente por un modus operandi que, en el contexto particularmente tenso que predominaba en Ruanda entre las comunidades hutu y tutsi, sólo podía provocar una sangrienta reacción de represalias contra los tutsis. Esta situación le ofreció la justificación legítima para reanudar los combates y tomar el poder con el apoyo de la comunidad internacional.

A pesar de saberse militarmente superior al Ejército ruandés, el FPR rechazó el alto el fuego y la presencia de una fuerza internacional que hubiera detenido las matanzas que ya habían empezado. Esto demuestra que a Kagame sólo le importaba una victoria total, incluso al precio de la vida de los tutsis del “interior”, que consideraba como “colaboradores” del régimen de Habyarimana. En su calidad de jefe de Estado, Kagame no puede ser perseguido ante las instituciones judiciales francesas. Por eso, el juez Bruguière se ha dirigido al secretario general de la ONU, Kofi Annan, para pedirle que contemple la posibilidad de que sea procesado por el TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda). Varios abogados de la defensa venían solicitando que el auto de Bruguière fuera presentado como prueba ante el TPIR. Pero éste lo había rechazado siempre, argumentando que ninguno de los acusados lo era por el atentado contra el presidente Habyarimana. Es más, Everard O’Donnell, portavoz de la instancia internacional llegó a declarar que la fiscalía del TPIR no recibía instrucciones de nadie. También añadió que el fiscal Hassan Bubacar Jallow era independiente, incluso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, antes de reafirmar que el asesinato del presidente Habyarimana no provocó el genocidio.

Sin embargo, el 4 de diciembre, la sala del Tribunal encargada del procesamiento del coronel Théoneste Bagosora, acusado de ser el “cerebro” del genocidio, admitió íntegramente como prueba, y por primera vez, el informe del magistrado francés. El auto de Bruguière fue presentado por Raphaël Constant, abogado francés de Bagosora, que acababa de interrogar al antiguo número dos de los cascos azules en Ruanda, el coronel belga Luc Marchal, uno de los testigos citados por el juez Bruguière. El juez noruego Erik Mose justificó esta decisión porque el informe no disculpa a los acusados por el TPIR y, además, podría ser útil para conocer el contexto de las matanzas de 1994.