En muchos manuales se presenta el año 1807 como el primer peldaño en la escalada para la abolición de la esclavitud, pero, si somos justos con la Historia, hay que retroceder al año 1802, cuando Dinamarca dio este paso, y se convirtió en el primer Estado que suprimió la trata de esclavos.

La importancia de la Abolition Act está siendo reconocida mediante la celebración de diferentes encuentros, que conmemoran su aparición. En el Sínodo general que celebró la Iglesia Anglicana en febrero de 2006, tuvo presente esta fecha y aprobó una enmienda reconociendo el daño causado: “El Cuerpo de Cristo no es solamente un cuerpo que existe en cualquier momento, existe también a través de la Historia, y, por tanto, nosotros compartimos la deshonra y los pecados de nuestros predecesores; y parte de lo que podemos hacer con ellos y por ellos en el Cuerpo de Cristo es la oración para el reconocimiento del fracaso, que es parte de nosotros, y no sólo de un distante ellos”. En la moción se reconocen las deshumanizantes consecuencias de la esclavitud.

La Iglesia anglicana enlaza con uno de sus fieles de aquella época, William Wilberforce, que ejerció un liderazgo comprometido en las campañas abolicionistas: “Nunca, nunca desistiremos hasta borrar este escándalo del nombre cristiano, hasta librarnos del peso de la culpabilidad que actualmente nos abruma, y hasta destruir todo vestigio de este sangriento tráfico que nuestra posteridad, cuando mire atrás, hacia la historia de estos tiempos ilustrados, a duras penas podrá comprender que se haya permitido durante tanto tiempo para desgracia y deshonor de nuestro país”.

En este tráfico no sólo hubo implicaciones europeas, ya condenadas en todos los foros, sino también africanas. El Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SCEAM), reunido en octubre de 2003 en la isla senegalesa de Gorea, antiguo centro de recepción y expedición de esclavos, aprobó el documento El peso de la historia sobre la raza negra y la pastoral de la Iglesia en África. En él se condena toda la trama de la trata de negros y, en primer lugar, “las mentalidades y comportamientos de los propios responsables africanos (reyes, reyezuelos, jefes de tribus, etc.)... Los historiadores africanos minimizaron con frecuencia las responsabilidades locales en el comercio de esclavos, pero sin su complicidad los comerciantes negreros poco habrían podido hacer”.

LA LARGA MARCHA HACIA LA ABOLITION ACT

La esclavitud fue una institución en Europa hasta la segunda mitad del siglo XIX, y pocos fueron quienes estuvieron en contra. Si se admitió esta condición, también se admitió el comerciar con los esclavos a modo de mercancía. Tal vez era éste el aspecto más negativo de la esclavitud, y por ahí comenzó la lucha contra ella. En efecto, la venta rompía familias, separaba a padres e hijos y a todos alejaba de sus lugares de origen. Estos aspectos se habían manifestado desde siempre, pero otras circunstancias, sobre todo de orden económico, se aliaron con razones humanitarias para tratar de frenar este tráfico.

Las nuevas corrientes económicas proponían la creación de capas sociales con un cierto poder adquisitivo, para poder comprar lo que la incipiente industria comenzaba a producir a mayor escala; y esto sólo podía hacerse con un trabajo remunerado, aunque fuera con bajos salarios. El esclavo era propicio en una economía mercantilista de plantación, pero no en una sociedad industrial, donde el consumo era el motor de las fábricas.

Adan Smith, en su obra La riqueza de las naciones (1776), sostenía que la experiencia universal de-muestra que el trabajo “realizado por los esclavos, aunque parezca que sólo cuesta su mantenimiento para vivir, es en definitiva el más caro de todos. Un ser que no puede adquirir bienes propios, no puede tener otro interés que el de comer lo más que pueda y trabajar lo menos posible”.

No todos estaban de acuerdo con esta afirmación. La Cámara de Comercio de Nantes (Francia) expresaba su sentir de esta forma en 1784: “El comercio con África es el más interesante del reino, la fuente más abundante de riquezas que entran en el Estado; sin él, América, privada de esclavos, sería infructuosa. La trata de negros es la base de toda nuestra navegación; ella proporciona brazos para el cultivo de nuestras islas, que, a su vez, nos procura una masa increíble de artículos, como azúcar, café, algodón e índigo, tanto para el consumo del reino como para comerciar con los extranjeros”.

La primera institución que se opuso frontalmente tanto a la esclavitud como al tráfico esclavista fueron los cuáqueros, que en 1688 proclamaron la Protestation de Germantown (Filadelfia): “Aunque sean negros, no podemos admitir que sea más legítimo esclavizarlos que si fueran esclavos blancos... Aquellos que roban o capturan hombres y los que los compran o los venden, ¿no son acaso hombres como ellos?”. En 1776 se aprobó en Asamblea que los que se negaran a emancipar a los esclavos serían expulsados de la sociedad. El Papa Benedicto XIV (1740-1758) dirigió al rey portugués la constitución apostólica Immensa en 1741, en la que condenaba la esclavitud de los indios. En 1758 se envió una copia a los capuchinos de Congo; esto se interpretó como que la misma doctrina tenía que aplicarse a los negros.

En la segunda mitad del XVIII, las ideas abolicionistas tomaron cuerpo en Inglaterra, aunque fue la Convención francesa (1794) la primera en abolir la esclavitud; luego Napoleón la restableció en 1801. Wilberforce recogía las opiniones antiesclavistas, que la Iglesia Evangélica sostenía en Cambridge. Incluso llegó a presentar en el Parlamento una moción para la supresión de la trata de negros en 1775, que no tuvo ningún eco. Pero ya se había dado un gran paso: el tema de la abolición pasó de las esferas humanitarias y religiosas al campo político, y se crearon movimientos bien estructurados que sostuvieron y difundieron esta posición.

Así, en 1787 Thomas Clarkson fundó la Sociedad Antiesclavista Británica, que, entre otros fines propagandísticos, decidió enviar so-cios a países extranjeros “para despertar el interés público”, crear otras sociedades antiesclavistas, mantener la amistad con los amigos de la libertad y trabajar con las corporaciones religiosas de Gran Bretaña. A pesar de que el abolicionismo iba tomando fuerza, el Parlamento inglés no cedió a la moción de Wilberforce, que volvió a presentarla en 1796 y 1799. Todo lo más que éste obtuvo fue una limitación de las cargazones de esclavos, atendiendo a la capacidad de los buques.

Finalmente, en 1807 la moción salió adelante y se consiguió la Abolition Act, según la cual ningún barco negrero podía salir de un puerto británico, ni ningún esclavo podía ser desembarcado en posesiones británicas. Al año siguiente, la abolición del  tráfico de esclavos fue votada por las dos cámaras. Nada se decía de la esclavitud, pero en el Parlamento se creó un Comité Antiesclavista, y se comenzó a trabajar para que otras naciones siguieran el ejemplo inglés.

LA SUSPICACIA DE LOS DEMÁS PAÍSES

Al final del siglo XVIII se habían creado en Estados Unidos diversas sociedades antiesclavistas, que trataban de difundir estas ideas: entre 1794 y 1829 se celebraron 24 convenciones en este sentido. Sin embargo, el antagonismo entre norte (abolicionista) y sur (continuista) polarizó las dos corrientes y alcanzó a la mayoría de las instituciones. Los metodistas se declararon antiesclavistas al final del XVIII, pero los del sur no lo aceptaron, y se escindieron en 1844. Los presbiterianos condenaron la esclavitud en 1818, pero, años después, la gente del sur se hizo con el control de su Iglesia y asociaron el abolicionismo con ateísmo, socialismo y comunismo. En 1845 los baptistas del sur tenían sus propias organizaciones y convenciones diferentes de las del norte.

En 1817 nació la Sociedad Americana de Colonización, que recogió a los esclavos emancipados y, a partir de ellos, se fundó Liberia, en África. Inglaterra quiso trasladar su propia experiencia a los demás países, sirviéndose de su influencia en los Congresos y Conferencias internacionales, o mediante tratados bilaterales. En el plano práctico, empleó unos 30 navíos de guerra y 1.000 personas para reprimir el tráfico negrero entre 1808 y 1870. Si el buque negrero capturado era inglés, su capitán podía ser condenado a muerte a partir de 1828.

El primer gran foro donde Inglaterra quiso imponer a las demás naciones la supresión del tráfico humano fue en el Congreso de Viena (1815), reunido para restablecer el equilibrio político y físico de Europa tras las invasiones napoleónicas. El delegado británico propuso la supresión en tres años, pero chocó con la oposición cerrada de los demás congresistas, y su propuesta sólo fue recogida en un anexo al final del acta como un deseo. En 1818, en el tratado de Aix la Chapelle, las potencias extranjeras se comprometieron a poner fin a la trata, pero su compromiso no se llevó a la práctica.

La Iglesia se convirtió en un aliado firme de la posición inglesa. Pío VII, en una carta dirigida al rey de Francia el 20 de septiembre de 1814, exponía: “Prohibimos a todo eclesiástico o laico que apoyen como legítimo, bajo cualquier pretexto, este comercio de negros, o predicar o enseñar en público o en particular de cualquier forma algo contrario a esta carta apostólica”. En otra carta dirigida al rey de Portugal en 1823 le manifestaba su deseo de “que finalmente se extirpe de raíz el ignominioso comercio de negros, para bien de la religión y del género humano”.

Poco a poco, las naciones fueron aboliendo el tráfico de esclavos y luego la esclavitud. Inglaterra: 1807 y 1833; Francia: 1827 y 1848; Estados Unidos: 1812 y 1865; Dinamarca: 1802 y 1846; Brasil: 1850 y 1888, etc. A pesar de la supresión formal de la trata antes de la mitad de siglo, el gran explorador Livingstone afirmaba en 1857: “El interior está perdiendo todos los hombres capaces de trabajar. África se está desangrando por todos sus poros”. Y es que el comercio clandestino batía todas las marcas, porque la supresión de la trata hizo aumentar el precio de los esclavos. Entre 1825 y 1865 se vendieron de forma clandestina más de 1 millón de negros.

La Conferencia de Berlín (1885) insistió una vez más en el tema: “Conforme a los principios del derecho de gentes, tal como son reconocidos por las potencias firmantes, estando prohibida la trata de esclavos y las operaciones que por tierra y mar proporcionan esclavos a la trata, las potencias que ejercen y ejercerán derechos de soberanía o que tenga alguna influencia en los territorios que forman la cuenca convencional del Congo, declaran que estos territorios no podrán servir ni de mercado ni de vía de tránsito para la trata de esclavos, sea de la raza que sean...” (Cap. II, art. 9). Y el mismo sentir se recogió en la Conferencia antiesclavista de Bruselas (1889-1890).

EL CASO DE ESPAÑA

Al tiempo que Inglaterra trataba de influir en las reuniones internacionales, suscribió tratados bilaterales con otras naciones cuya finalidad era reprimir la trata. Con España firmó el primero en 1814, en el que se recogía que “Su Majestad Católica promete prohibir a sus súbditos que se ocupen en el comercio de esclavos cuando sea con el objeto de proveer de ellos a las islas y posesiones que no sean pertenecientes a España”.

Fernando VII no cumplió este compromiso porque los colonos de Cuba y Puerto Rico necesitaban esclavos y presionaban para que no se aboliera su tráfico. Inglaterra volvió a insistir y consiguió otro tratado en 1817, en el que aquél se comprometía a acabar con la trata en 1820 e Inglaterra a indemnizar a España con 400.000 libras. Ambos países acordaron darse permiso mutuo para registrar barcos sospechosos. Pero el rey estuvo más atento a las pretensiones de los hacendados cubanos, y en 1820 no sólo no había suprimido la trata, sino que ésta había aumentado considerablemente.

La introducción posterior en este tratado de un “Artículo Aclaratorio” (1822), según el cual si se demostraba que un barco había embarcado esclavos sería detenido y su tripulación condenada, tampoco sirvió para mucho, lo mismo que el tratado firmado en 1835, en el que se había introducido la “Cláusula de Equipo”; ésta permitía detener a cualquier barco que mostrara evidencias irrefutables de que se dedicaba al tráfico humano, como podían ser la distribución de sus espacios, la carga excesiva de alimentos y agua, etc.

Por los años cuarenta algunos miembros del Gobierno sostenían la idea de abolir el tráfico para poder mantener la esclavitud, pero parte de la oligarquía cubana amenazó con anexionarse a los Estados Unidos si la idea se llevaba adelante. Inglaterra no propuso más tratados a España, pero consiguió en 1862 un acuerdo con los Estados Unidos, que permitía el “derecho de visita” a los barcos de esta nación y detener a los que llevaban negros. Éste fue el golpe definitivo a los hacendados cubanos, cuyos esclavos llegaban en su mayor parte en buques americanos.

Este tratado coincidió con el auge de las ideas abolicionistas en España y el inicio de la mecanización en Cuba, que reducía la mano de obra. En 1865 nacía la Sociedad Abolicionista Española, que influyó para que se aprobara en 1867 en las Cortes la Ley de represión y castigo del tráfico negrero. En la revolución española de 1868, entre las muchas cuestiones que se presentaron estuvo también la de la abolición de la esclavitud. Ésta se recogió en la Ley Moret de 1870, que proponía una liberación gradual de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Su promulgación dejó en libertad a un gran número de esclavos, pero hubo que esperar a 1873 para ver el fin inmediato de la esclavitud en Puerto Rico y a 1880 para tener la misma circunstancia en Cuba.