La realidad en África está marcada por el debate de quién es indígena, una cuestión sobre la que todavía no hay acuerdo. Algunos sostienen que todos los africanos son indígenas. La mayoría, sin embargo, rechaza el término “pueblo indígena” al que desde la época colonial le acompaña una fuerte connotación negativa.

Con frecuencia, lo que caracteriza un pueblo como indígena es la situación de inferioridad y discriminación con respecto al resto de ciudadanos de un país. El Grupo de Expertos Africanos sobre Pueblos Indígenas sostiene que se trata de un término y de un movimiento global que lucha por los derechos de aquellos grupos que han sido marginados del desarrollo y que son percibidos negativamente por los paradigmas de desarrollo dominante, sobre los que existen numerosos estereotipos, y cuyas culturas y modos de vida son discriminados y están amenazados de extinción. Según el Banco Mundial, ser indígena aumenta las posibilidades de ser pobre.

Los pueblos indígenas se definen por ser grupos con manifestaciones culturales propias, con una lengua común y por ocupar las tierras ancestrales, o parte de ellas, siendo los descendientes de los ocupantes originales de dichos territorios. En África generalmente son grupos de cazadores-recolectores o cuya forma de vida es el pastoreo.

El debate respecto a la definición está estrechamente relacionado con las implicaciones políticas que ésta conlleva. De hecho, muchos Estados africanos se niegan a admitir que existen pueblos indígenas en su territorio con el objeto de no reconocerles ciertos derechos vinculados a la tierra. Igual de polémico es admitir que son pueblos y no poblaciones, pues ahí radica el derecho de autodeterminación demandado por los indígenas y que en la Carta de Naciones Unidas es concedido a los pueblos. Esto está detrás de la posición de países como Botsuana y Namibia que, junto a EE.UU., Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en noviembre de 2006 bloquearon en la Asamblea General de la ONU la aprobación del proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas en la que se hace referencia al derecho de autodeterminación.

Este proyecto ya había sido aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 tras más de veinte años de deliberaciones. La mayoría de los países africanos no quisieron participar en este asunto. No obstante, en realidad no se trata de dar a dichos pueblos derechos especiales o más derechos que al resto de los ciudadanos, sino de solventar la situación de discriminación que sufren con respecto al resto de la población y garantizarles la protección de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la cultura. 

LA TIERRA Y LOS RECURSOS

La supervivencia de las culturas indígenas depende del acceso a la tierra y a los recursos naturales. Por ello, la tierra es la principal reivindicación de los pueblos indígenas. Pero no se trata de cualquier tierra, pues para dichos grupos ésta no es un simple medio de subsistencia, sino que es la tierra ancestral en la que reside su cosmovisión y cultura. Los pueblos indígenas son a menudo expulsados de sus tierras en nombre del “desarrollo”, la creación de parques nacionales o zonas protegidas y, especialmente, por la explotación de recursos.

Tras las independencias en algunos países africanos las políticas económicas se diseñaron a partir de una idea de desarrollo basada en el sedentarismo, lo que choca frontalmente con la forma de vida de muchos indígenas dedicados al pastoreo y a la trashumancia. Ello provocó que las extensiones de tierra ocupadas por los indígenas fueran consideradas por los gobiernos como desaprovechadas, motivando así el desplazamiento de población hacia ellas. De esta forma, las tierras indígenas fueron invadidas por colonos y terratenientes para su explotación agrícola y ganadera, y los indígenas se vieron forzados a la sedentarización, viéndose alterada gravemente su forma de vida, perdiendo autonomía y convirtiéndose en dependientes de los demás. Así ocurrió con los masai en Kenia y con el pueblo mbororo en África occidental, entre otros ejemplos, lo que ha generado numerosos conflictos por esta cuestión.

Por otro lado, la toma de conciencia del problema del medioambiente hizo que se promovieran a nivel internacional nuevos modelos de gestión y conservación de la naturaleza entre los que se encuentran la creación de áreas protegidas. En África esta práctica se intensificó en la década de los sesenta y supuso la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras con la consiguiente alteración o destrucción de los sistemas tradicionales de manejo de los recursos naturales, el desarraigo y empobrecimiento de las comunidades, y la imposición de formas de administración y funcionamiento. En 1991, por ejemplo, el establecimiento de los parques ugandeses de Bwindi y Mgahinga para los gorilas supuso la expulsión de los indígenas twa; en 1961, la creación de la Reserva de Caza del Kalahari Central en Botsuana conllevó el desplazamiento de los bosquimanos; los parques Amboseli y Masai Mara en Kenia agravaron la pérdida de tierra de los masai; y el parque nacional de Kahuzi-Biega en Congo expulsó a los twa de la selva.

En ocasiones, las tierras en las que habitan los indígenas son ricas en recursos naturales como petróleo, minerales o madera, entre otros. Sin embargo, esta riqueza acarrea más pobreza y destrucción para los pueblos indígenas. Éstos se convierten en las principales víctimas de las políticas económicas de los gobiernos que dan carta blanca a las multinacionales para su extracción, sin control sobre el impacto negativo de la actividad sobre el medio ambiente ni preocupación respecto a la consecuente violación de los derechos humanos de los habitantes de esa región. Ello ha ocasionado fuertes conflictos, como el del delta del Níger –de donde Nigeria extrae el 60% del petróleo– entre el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEDN) y las fuerzas del Estado. La contaminación medioambiental generada por la extracción petrolera, cuyo origen se remonta a 1956 cuando Shell inauguró su primer pozo, han hecho prácticamente imposible la agricultura y la pesca; el agua de uso diario está contaminada; y la malnutrición y las enfermedades debilitan cada vez más a la población. Las reacciones de protesta de los habitantes de la zona, entre los que se encuentran los pueblos ogoni e ijaw, han sido contestadas mediante la represión militar y una violencia desproporcionada –que ha causado la muerte de varios activistas– tanto por parte del Gobierno nigeriano como por las compañías contratadas por las petroleras para defender sus instalaciones. Esta reacción no ha provocado más que el recrudecimiento de los combates por parte de los movimientos rebeldes, cada vez más numerosos. De esta forma, el petróleo y la pobreza se tiñen de sangre en lo que constituye un ejemplo de la paradoja africana de ser un continente rico en recursos pero cuya población posee altos índices de pobreza, y donde dicha riqueza no revierte en el desarrollo local.

La explotación de recursos y la protección natural está también detrás de la expulsión de los ogiek de su selva ancestral, por parte del Gobierno de Kenia, acusados de estar degradándola. Sin embargo, la tala de árboles y las plantaciones de té que allí se instauran parecen ser el verdadero motivo del interés del Ejecutivo por desalojar la selva. Asimismo, según algunos, la explotación de los diamantes parece estar detrás de la expulsión de los bosquimanos de la reserva del Kalahari.

LA DEFENSA INDÍGENA

La difícil situación que viven los indígenas en África ha motivado la creación de numerosas organizaciones indígenas que, tanto a nivel local como nacional, e incluso internacional, trabajan por defender sus derechos. El Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPPAC, por sus siglas en inglés), o la Organización de Mujeres Indígenas Africanas (AIWO, por sus siglas en inglés) son ejemplos de éstas últimas. Las organizaciones indígenas africanas demandan un nuevo diálogo con los gobiernos nacionales, que se les reconozca y que se les deje de considerar como ciudadanos de segunda categoría.

La invisibilización de los pueblos indígenas ha sido una constante en la historia mundial. En África son pocos los países que reconocen en sus Constituciones la existencia en su territorio de pueblos indígenas, aunque se han producido algunos avances en este sentido. En 2005 Burundi reconoció en su nueva Constitución la representación de indígenas twa tanto en el Parlamento como en el Senado.

Gabón y Camerún firmaron la Directiva 4.1 del Banco Mundial en la que se reconoce a los pueblos indígenas y se recoge la necesidad de creación de mecanismos de consulta con los indígenas sobre asuntos de desarrollo y medioambiente. Sudáfrica, en su intento por transformarse en una democracia viable desde el punto de vista económico y social, también da muestras, al menos en teoría, de apertura hacia la realidad indígena. El hecho de que en julio de 2005 recibiera al Relator Especial de la ONU para la cuestión indígena, Rodolfo Stavenhagen, fue una muestra de su reconocimiento.

En ocasiones, la resistencia de los gobiernos radica en concebir las demandas indígenas como una forma de nacionalismo étnico. Eso explica lo prolongado de ciertos procesos de negociación, como el puesto en marcha por el Gobierno sudafricano con los grupos khoe y san en 1998 para la acomodación constitucional respecto a la realidad indígena. No fue hasta no-viembre de 2004 cuando el Gobierno sudafricano adoptó ciertos mecanismos para la creación de políticas en relación con la población indígena, hasta ahora con pocos resultados.

En Kenia, a pesar del empeño de los pueblos indígenas por influir en el borrador de la Constitución, el presentado a referéndum por el Gobierno en 2005 seguía sin reconocer la situación de los pueblos indígenas. Ello hizo que activistas indígenas crearan la campaña del “No” mostrándose ante la sociedad keniana como un movimiento organizado. Sólo un acuerdo entre el Estado de Kenia y el Banco Mundial logró recientemente que el Gobierno reconociera la existencia de pueblos indígenas y se comprometiera a la implementación de un plan para la rehabilitación de las comunidades ogiek y sengwer desplazadas.

En los avances mencionados ha tenido mucho que ver la acción por la defensa de los pueblos indígenas en foros internacionales como Naciones Unidas o la OIT (Organización Internacional del Trabajo). El Convenio 169 de la OIT (1989) es el único instrumento jurídico que en la actualidad protege los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el momento ningún país africano lo ha ratificado. El Grupo de Trabajo para pueblos indígenas de Naciones Unidas ha supuesto un escenario fundamental para que los indígenas hagan oír su voz y para que organizaciones indígenas de todo el mundo establecieran contactos y unieran fuerzas en la común lucha por el reconocimiento. 

La situación de los pueblos indígenas no se puede desvincular del modelo económico imperante que promueve la explotación de recursos a nivel global y una injusta distribución de la riqueza con consecuencias dramáticas para muchos países africanos.

Sin embargo, la globalización de la justicia y del discurso de los derechos humanos compite con esa globalización económica, como reflejan los avances sociales y políticos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Una realidad todavía muy desconocida, presa de estereotipos y prejuicios que impiden ver el potencial social de un África en movimiento.

BOSQUIMANOS: UNA VICTORIA HISTÓRICA

En diciembre de 2006 los bosquimanos ganaron el litigio que mantenían con el Gobierno de Botsuana en relación a su derecho a residir en su tierra. Los bosquimanos son los habitantes originarios del desierto del Kalahari Central. En 1961 el Gobierno lo declaró Reserva de Caza con el fin de proteger la zona. En 1986 el Ejecutivo decidió reubicar a sus habitantes fuera de la reserva para que pudieran recibir una asistencia de desarrollo más efectiva. Pero la expulsión no fue fácil y los bosquimanos recibieron continuos acosos y amenazas para que abandonaran su tierra. En 2001 el Gobierno anunció que pondría fin a la provisión de servicios básicos (agua, asistencia de salud, restricciones de caza…) para las 700 personas que todavía quedaban. Los últimos desalojos fueron llevados a cabo por la fuerza  después de que el Gobierno sellara en 2002 los pozos de agua de la reserva. Para entonces la organización bosquimana First People of the Kalahari, con apoyo de otras organizaciones internacionales, se había movilizado para defenderse del acoso del Gobierno e intentar negociar con éste permanecer en su tierra. Según el Ejecutivo, el hecho de que haya gente viviendo en la reserva es incompatible con la conservación de la vida silvestre y con el objetivo de “desarrollar” a los bosquimanos. Sin embargo, en los campos de reasentamiento se extiende la desesperación de la mano del alcoholismo, la violencia y las enfermedades. Otras fuentes se refieren como razón de fondo de la política del Gobierno a la existencia de yacimientos de diamantes en la zona, aunque el Gobierno niega cualquier relación con ello. Finalmente, el Tribunal Supremo de Botsuana falló a favor de los bosquimanos en lo que constituye una victoria histórica. Ahora queda que tan importante éxito tenga su traducción en la práctica.

MASAI: DE RICOS A POBRES

El pueblo masai vive en las actuales Kenia y Tanzania. Un territorio que en el siglo XIX fue dividido a través de la imposición de la frontera entre ambos países. Se estima que bajo el régimen colonial británico los masai perdieron una tercera parte de sus tierras por medio de tratados por coacción. Tras la independencia de Kenia en 1963, de nuevo perdieron alrededor de otra tercera parte de sus territorios al considerar el Gobierno, por la organización colectiva y el sistema de producción masai, que eran tierras abandonadas. A la instauración de ranchos colectivos le siguieron las políticas de privatización de la tierra apoyadas por el Banco Mundial. La continua pérdida de tierra se vio reforzada por la creación de parques nacionales y reservas de fauna salvaje como Amboseli y Masai Mara, que se encuentran en territorio masai. Sin embargo, la población masai no sólo no obtiene ningún beneficio de estos parques, sino que encuentran problemas como la prohibición de tener el ganado en su interior y de acceder a los recursos de agua, a menudo situados dentro de los parques. Tampoco se benefician económicamente, ya que las entradas a los parques son recaudadas por el Estado. De esta forma, si a principios del siglo XX los masai eran uno de los pueblos más ricos de África, ahora son el ejemplo de la pobreza crónica que caracteriza a los pueblos indígenas: una pérdida progresiva de la tierra y los recursos, así como de políticas de desarrollo discriminatorias.

PIGMEOS: CIUDADANOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

Los pigmeos viven en un territorio del África central que comprende Camerún, República Centroafricana, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática de Congo, Congo y Gabón. Suman alrededor de 250.000 personas. El pueblo pigmeo se compone de diferentes grupos que viven en territorios selváticos fundamentalmente de la caza y la recolección. A pesar de su número, los pigmeos son “invisibles” en términos sociales y políticos. Sufren altos índices de marginación y discriminación étnica, sus derechos humanos son violados y su estatus como ciudadanos es negado. Esto los convierte en una población extremadamente vulnerable, lo que en ocasiones se traduce en explotación y esclavitud –como ya han denunciado varias organizaciones de derechos humanos–, y en principales víctimas de los conflictos bélicos desarrollados en la zona. En la República Democrática de Congo los pigmeos demandaron al Gobierno que su población fuera censada con el fin de adquirir el estatus de ciudadanía y poder incorporarse así a los planes de desarrollo nacional. Al igual que otros pueblos indígenas, muchos de ellos han sido expulsados de sus tierras a causa de la tala de árboles, la declaración de parques nacionales y la actividad extractiva de los recursos de la selva. Son las principales víctimas del coltán –el 80% de cuyos yacimientos se encuentra en el Congo–, material utilizado por la industria para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores o videojuegos. En este sentido, los pigmeos reivindican a los gobiernos un papel más activo en la concesión de los permisos de explotación a las multinacionales y participación indígena tanto en la toma de decisiones como en los beneficios de la actividad económica realizadas en sus tierras. Reconocimiento y participación son los pilares de su acción política y social.