La calma que se respiraba en Somalia, desde el llamamiento lanzado a comienzos de abril por los jefes tradicionales del clan Hawiye, se ha roto con los nuevos enfrentamientos entre insurgentes, miembros de los ex tribunales islámicos, y las tropas gubernamentales apoyadas por los soldados etíopes. Al menos 200 personas han muerto en Mogadiscio, la capital, donde algunos jefes tradicionales han acusado a las tropas etíopes de haber violado la tregua y haber atacado a los insurgentes.

Debido a la extrema tensión en la capital, la conferencia sobre la reconciliación inicialmente prevista para este mismo día fue oficialmente pospuesta para el 14 de junio. Según Alí Mahdi Mohammed, presidente del comité de organización del encuentro, esta decisión se tomó para “dar una oportunidad a las mediaciones en curso y detener la violencia en la ciudad”, en alusión a las discusiones entre el clan Hawiye, el más poderoso de la capital, y los militares etíopes.

Pero Mogadiscio no es el único foco de tensión. El 16 de abril, y por segunda vez en una semana, las tropas de las regiones semiautónomas de Somaliland y Puntland se enfrentaron cerca de la localidad de Dahar, al norte de Somalia, en una zona desértica. Hubo al menos un muerto y tres heridos, aunque no se dispone de un balance oficial. Ahmed Hagi Dahir y Abdirahman Bangah, respectivamente portavoces de Somaliland y Puntland, han declarado que sus tropas han derrotado al enemigo, acusándose mutuamente de haber violado el territorio del otro.

Lo que sucede en el Parlamento tampoco está para tranquilizar a la población, que vio cómo la mayoría de los diputados –150 favorables al Gobierno de transición– destituyó a 31 de sus compañeros por ausencia prolongada. La medida ha sido calificada como un intento del Gobierno de consolidar su control sobre la Asamblea Nacional, acusaciones que el presidente del Parlamento, Sheik Aden Madobe, ha rechazado. Los diputados cesados, entre los cuales figura el ex presidente del Parlamento Sharif Hassan Sheik Aden, se encuentran en el extranjero desde hace varios meses y se niegan a regresar a Baidoa, localidad situada a 250 kilómetros de Mogadiscio, sede del Parlamento, por temor a que atenten contra su vida. Éstos habían criticado abiertamente algunas decisiones del Gobierno, en particular su rechazo rotundo a dialogar con los tribunales islámicos y a la intervención militar etíope en Somalia.

Como si eso fuera poco, el Gobierno de transición de Somalia ha abierto otro frente de crisis con la ONU sobre la distribución de alimentos a la población civil de Mogadiscio. El Gobierno somalí habría puesto una serie de condiciones muy estrictas para el reparto de alimentos a los desplazados que se han refugiado en Afgoye (a 30 km. de la capital), huyendo de los enfrentamientos de Mogadiscio.

El Gobierno de transición, a través del Primer ministro Mohamed Alí Gedi, pide la gestión total de la distribución de las ayudas destinadas a la población. Asimismo, prohíbe el aterrizaje de los aviones humanitarios en un cierto número de aeropuertos somalíes. La negativa de la ONU de acatar las órdenes de las autoridades somalíes ha hecho degenerar la situación. El ministro somalí de Interior, Mohamed Mohamud Guled, ha acusado a algunas agencias humanitarias internacionales, sin dar nombres, de repartir alimentos caducados.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos ha denunciado que unas 320 toneladas de alimento no han sido distribuidas a los desplazados establecidos en Afgoye, porque el Gobierno ha obligado al convoy de ayudas a retroceder. En la situación actual, la ayuda puede convertirse en un arma política formidable para un Gobierno que va perdiendo su legitimidad cada día. Según Catherine Weibel, responsable de comunicación del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), habría actualmente unos 213.000 desplazados a causa de las violencias diarias en Mogadiscio.