Por su situación geográfica y su desarrollo económico, Israel, que es el único país “occidental” que tiene frontera terrestre con África, se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los emigrantes africanos. Se calcula que cerca de 3.000 han entrado de manera ilegal en Israel por la permeable frontera con Egipto. Sólo 500 de ellos serán regularizados por razones humanitarias, al proceder de la región de Darfur o del sur de Sudán. El resto serán expulsados.

En principio, el acceso al país es más fácil y seguro, porque no hay mar por medio y los controles son menores. Para entrar en Israel basta atravesar la frontera egipcio‑israelí por algunos de los puntos más frágiles de los 250 kilómetros de longitud que separan la península del Sinaí del desierto del Negueb, desde la franja de Gaza hasta el Golfo de Eilat.

Pero para conquistar “El Dorado” israelí hay que pagar un precio muy alto: los guías beduinos que se ofrecen a los emigrantes clandestinos pueden llegar a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares, pues también aquí funcionan las mafias especializadas en el tráfico ilegal de personas. Algunos de los que consiguen pasar y tienen suerte pueden obtener un empleo, gracias a los permisos temporales concedidos por el Gobierno israelí ante la falta de mano de obra. De estas concesiones se han beneficiado varios centenares de emigrantes sudaneses, que han conseguido trabajos bien remunerados, con salarios impensables para ellos, en kibuts o en zonas turísticas del Mar Rojo. Sin embargo, las autoridades israelíes reconocen que esta situación podría servir de efecto llamada porque la noticia se ha extendido en África como un reguero de pólvora.

Los emigrantes africanos menos afortunados que han entrado en Israel por Egipto de forma ilegal malviven en condiciones de hacinamiento e indigencia en los sótanos de ciudades como Tel Aviv. Algunos han sido trasladados por el Ejército israelí a la ciudad de Beersheva, al sur del país, y otros han acabado en un centro de retención y expulsión instalado dentro de la prisión de Ketziot, que se encuentra en el corazón del desierto del Negueb. Reagrupados por nacionalidades o etnias, allí las mujeres son alojadas en estructuras prefabricadas mientras los hombres se instalan en tiendas, donde el calor es insoportable. Algunos conseguirán un permiso de residencia o el estatuto de refugiado y otros serán enviados a la frontera egipcia.

Este flujo de inmigrantes de Sudán, Eritrea, Etiopía, Congo o Costa de Marfil, que han entrado en el país para buscar trabajo, está provocando reacciones encontradas entre las autoridades y los grupos de defensa de los derechos humanos. Se trata de una realidad sin precedentes en Israel por lo que es la primera vez que el país tiene que hacer frente a los desafíos de la inmigración clandestina. De momento ya se han producido las primeras deportaciones de inmigrantes ilegales a la frontera egipcia, tras el compromiso del presidente Hosni Mubarak de acoger a los refugiados sudaneses. Israel no les autoriza a permanecer en el país porque podrían “crear una comunidad que se multiplicase en miles de personas”, ha declarado el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ante una comisión parlamentaria. Además, el ministro de Interior de Israel, Meir Sheetrit, propuso la construcción de una valla en la frontera egipcio‑israelí para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de armas. En cambio, el alcalde ultraortodoxo de Jerusalén, Uri Lupolianski, ha manifestado que “el Estado de Israel y el pueblo judío deben ser sensibles al sufrimiento de otras personas. No podemos convertirnos en una sociedad cruel”.

Por su parte, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos se han pronunciado en contra de la expulsión de los emigrantes africanos. Algunas incluso han amenazado con presentar una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, “si el Estado trata de expulsar a aquellos que buscan asilo sin valorar su petición”