Previstas para comienzos del año 2008, las elecciones presidenciales y legislativas en Costa de Marfil podrían tener lugar en octubre de ese mismo año. Así lo declaró en una rueda de prensa el 13 de septiembre Beugré Mambe, presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), quien indicó que esta fecha sólo era una estimación que tiene en cuenta las diferentes etapas del proceso de identificación de la población. En su opinión, los comicios sólo se podrán organizar 10 meses después de acabar el proceso de identificación de la población y el establecimiento de los listados del censo electoral, que empezó el 25 de septiembre y tiene previsto durar tres meses.

Aunque habló de previsiones, las declaraciones de Mambe crearon un desconcierto entre la clase política costamarfileña. Para el Partido Democrático de Costa de Marfil, de la oposición, esta decisión alarga el tiempo de sufrimiento de la población. En el contexto actual, marzo de 2008 era la única fecha prevista para las elecciones presidenciales. Ésta fue decidida por los principales protagonistas de la crisis, el pasado 12 de junio en Yamusukro, la capital del país. El presidente de la CEI contradice de este modo al presidente burkinés Blaise Compaoré, mediador en la crisis costamarfileña, y al presidente Laurent Gbagbo. Este último, con un optimismo algo exagerado, declaró que los costamarfileños podrían ir a las urnas incluso antes de final de 2007, a pesar de que, excepto algunos milicianos que han devuelto sus armas, el desarme sólo ha consistido en una ceremonia de quema simbólica.

De ahí que resulte difícil afirmar que se pueda respetar este nuevo calendario, sobre todo si se tiene en cuenta el clima deletéreo que vive el país, pues, desde hace varias semanas, circulan rumores de golpe de Estado militar en Abiyán. Son tan insistentes que el ministro de Defensa, Michel Amani N'Guessan, ha denunciado públicamente a las “fuerzas ocultas que amenazan al régimen” con el apoyo, según él, “de Francia y sus tropas de la operación Licornio”. Por su parte, Issiaka Ouattara, jefe de Estado Mayor adjunto de la rebelión, ha acusado a Ibrahim Coulibaly, un ex compañero suyo, de querer derrocar al Gobierno dirigido por el primer ministro Guillaume Soro. A todo esto se suman las múltiples huelgas del personal sanitario y docente, y las manifestaciones callejeras para denunciar la carestía de la vida. Suficientes malestares que auguran un futuro difícil para el poder, que ve manos negras detrás de todas estas movilizaciones.