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En los años 2003 y 2004 los principales protagonistas de la guerra civil en Sudán, el conflicto más antiguo del continente, negociaron a veces frenéticamente una salida pacífica. Finalmente, no sin presiones internacionales, se consiguió firmar un acuerdo que puso fin al conflicto y que marcaba un período de interinidad que culminaría en el 2011, cuando el Sur de Sudán decidiría en un referéndum si quería seguir formando parte de un Sudán unificado o separarse del Norte.
En aquel tiempo, algunos quisieron que se incluyeran en el acuerdo de paz otras zonas que, ya entonces, mostraban claros signos de inestabilidad o un enfrentamiento armado abierto, como era el caso de la región de Darfur. Tanto el Gobierno como los grupos rebeldes del Sur decidieron dejar fuera a otras zonas y concentrarse en un acuerdo que incluyera solamente la cuestión Norte-Sur. Tres años después de aquella decisión, la realidad parece haber dado completamente la vuelta a la tortilla. Mientras que en los últimos meses el conflicto de Darfur acapara internacionalmente toda la atención, los múltiples incumplimientos de los acuerdos de paz en el Sur parecen pasar completamente desapercibidos, incluso para las naciones y organismos que mediaron en el proceso de paz. Muchas acciones acordadas en aquellas negociaciones siguen sin cumplirse y tienen importantes retrasos, mientras que hay partes interesadas en que no se lleven a cabo estos mismos puntos ya firmados.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
El Gobierno central y más concretamente su partido principal, el PNC (Partido Nacional del Congreso), tiene la capacidad de impulsar los acuerdos, pero no tiene la voluntad política para hacerlo, mientras que el Gobierno del Sudán Meridional, en su gran mayoría formado por miembros del SPLA (Movimiento Popular de Liberación de Sudán), tiene la voluntad, pero le faltan los medios para hacerlo. Esta situación de punto muerto lleva ya prolongándose demasiado tiempo y el descontento comienza a hacer presa en la ciudadanía, que no ve mejorar su situación, la calidad de vida y la provisión de servicios.
El acuerdo de paz de 2005 es un documento que teóricamente toca las causas radicales de todos los conflictos del país (un opresivo y centralista sistema gubernamental) y propone cambios (reforma del sistema político y transformación en un sistema más abierto, transparente, inclusivo y democrático). En el Norte, el PNC mantiene el control absoluto del poder; es el primer actor que no está interesado en que se produzca esa transformación, ya que mantiene el presente statu quo de control férreo de las instituciones y fuerzas de seguridad y no da señales de estar dispuesto a ceder parcelas de poder, ni siquiera por medios democráticos. Se mantiene en el poder a base de manipulaciones legales y legislativas, juegos políticos y la resistencia a hacer cambios constitucionales.
Las detenciones de editores y periodistas junto con el secuestro de periódicos y revistas siguen estando a la orden del día, lo cual confirma la continuidad de la preeminencia de las fuerzas de seguridad y sus actividades de represión dirigidas desde el mismo Estado. Las elecciones generales que se deberían celebrar en 2009 son de hecho la mayor amenaza al predominio del PNC en el Norte, donde su popularidad se ha visto erosionada de manera masiva por el conflicto de Darfur y otras contiendas internas.
CORRUPCIÓN EN EL SUR
El acuerdo de paz deja la puerta abierta para que haya un proceso de autodeterminación y el pueblo del Sur pueda decidir si quiere seguir en un Sudán unido u optar por la separación. La falta de aplicación de los acuerdos de paz, la desidia del Gobierno y la ausencia de voluntad política del PNC parecen haber reforzado la opción separatista, de manera que algunos políticos y líderes ya piden abiertamente la independencia del Sur.
En el Sur mismo, la situación no es en absoluto más esperanzadora. El Gobierno Autónomo de Sudán Meridional (GSS, en siglas inglesas) está en una gran crisis financiera, promovida por serios escándalos de corrupción que llevaron incluso a la destitución y arresto del ministro de Hacienda, Arthur Akuein, en marzo pasado, por un fraude millonario y por apropiación indebida de fondos. El presidente del Sur y vicepresidente de Sudán, Salva Kiir, ha hecho ya algunos cambios en su Gobierno, intentando atajar las acusaciones de corrupción y de falta de ética de unos gobernantes que parecen estar más centrados en su propio enriquecimiento que en la superación de la situación de atraso y de dejadez en la que se encuentra el país.
El Gobierno central de Jartum agrava esta situación al reducir su contribución al GSS; los beneficios del petróleo que el Norte tiene que repartir con el Sur bajaron de los 90 a los 40 millones de dólares en pocos meses, cuando el Gobierno tiene un gasto de 60 millones por mes. En todos estos procesos, la falta de transparencia y de clara rendición de cuentas brilla por su ausencia. Estos fallos en la aplicación de los procesos financieros se traducen también en inseguridad; miembros de las fuerzas armadas, posiblemente descontentos por la falta de salarios, se han dado al bandolerismo y la criminalidad sobre todo en los alrededores de Juba, la capital de Sudán Meridional.
En otras zonas (Darfur, Este y Kordofán) los conflictos siguen o emergen con nueva fuerza, añadiendo más inestabilidad si cabe a la gestión de un Gobierno que ve amenazada su continuidad y que tiene que aferrarse al brazo político y de seguridad para perpetuarse en el poder.
PUEDE PASAR LO PEOR
La respuesta internacional a los conflictos de Sudán es variada y no siempre consensuada. Muchas de las opciones y estrategias que se han intentado han ignorado el contexto sudanés. Ha habido muchas condenas pero poca acción. China, Rusia y gran parte del mundo árabe han decidido apoyar a Jartum, obviar las violaciones de derechos humanos y poner obstáculos a cualquier intervención en Darfur.
La Unión Africana no ha promovido un liderazgo claro y definido. La UNMIS (Misión de Paz de las Naciones Unidas para Sudán) debería velar por el cumplimiento del acuerdo de paz del Sur, pero de hecho su atención se ha dirigido casi exclusivamente a Darfur y ha dejado de lado los muchos aspectos pendientes del proceso en el Sur. Incluso la posición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, frente al Gobierno de Jartum ha sido sorprendentemente blanda y permisiva, cuando está claro que el PNC no se involucrará en el proceso de paz, a no ser que se vea obligado a hacerlo.
La fallida retirada de tropas no ha suscitado una declaración formal de ningún país. Esto demuestra el olvido en el que ha caído lo que ocurre en el Sur y el poco seguimiento que se le está prestando a una preocupante situación, que parece estar ahora mismo más cerca de una vuelta a la guerra civil y a la confrontación armada que de la pacificación definitiva y la normalización democrática. Nuevamente, la paz de Sudán pende de un pequeño hilo. Parece como si todos los elementos actuales y los diferentes frentes abiertos jugaran a favor de romperlo.
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