Charles Taylor es el primer ex jefe de Estado africano juzgado por un tribunal internacional. Por eso, y pese a la incomparecencia del acusado en la primera jornada del juicio, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó el 4 de junio como una “jornada importante para la comunidad internacional, que contribuye a la lucha contra la impunidad y al reforzamiento del Estado de derecho, no sólo en el oeste de África, sino en el mundo entero”.

El proceso contra Taylor va a ser largo –se prevé que el tribunal dicte sentencia a finales de 2008– y no estará exento de dificultades: desde el comienzo, el acusado ha tratado de boicotear el juicio al no comparecer ante el Tribunal de la ONU, rechazar a su abogado defensor y no reconocer al tribunal en las primeras sesiones de su proceso. Pero ya no hay vuelta atrás y Taylor tendrá que responder de los once cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (recogidos en las más de 32.000 páginas de pruebas que contiene el sumario) ante un tribunal de 11 magistrados, presidido por la ugandesa Julia Sebutine.

Taylor, de 59 años, es considerado uno de los instigadores de las guerras civiles que provocaron alrededor de 400.000 muertos en Sierra Leona y Liberia entre 1989 y 2003. Según el acta de acusación, el ex mandatario controlaba a los rebeldes de Sierra Leona, que mataron y mutilaron a la población civil, convirtiendo a las mujeres en esclavas sexuales y reclutando a los niños como soldados. También proporcionó armas a cambio de diamantes.

Para que los supervivientes de las atrocidades cometidas por Taylor hayan podido celebrar la buena noticia de su juicio ha sido necesario ir despejando un camino nada fácil. A nivel político, en 2006 Olusegun Obasanjo, entonces presidente de Nigeria, donde vivía exiliado Taylor desde 2003, y Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Liberia, acordaron aceptar la solicitud de extradición y entregar al ex presidente liberiano al Tribunal Penal Internacional. Al mismo tiempo, y tras el rechazo de Dinamarca, el Reino Unido se ha comprometido a recibir a Taylor para que cumpla en su territorio la condena que le sea impuesta.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ha habido que superar el sentido de la “justicia africana”, pues no todos los dirigentes africanos ven con buenos ojos que uno de los suyos (pese a ser un criminal) sea juzgado por un tribunal internacional (aunque en este caso cuente también con magistrados sierraleoneses) y fuera del continente, por los precedentes que se pudieran crear. Además, para juzgar a Taylor se ha tenido que deslocalizar por motivos de seguridad el Tribunal especial para Sierra Leona, que tiene su sede en Freetown, y crear una nueva sala en el seno del Tribunal Penal Internacional de La Haya. De este modo, se ha querido evitar también la desestabilización política de Sierra Leona, donde Taylor cuenta todavía con simpatizantes y seguidores.

A estas cuestiones hay que unir los elevados gastos del proceso judicial. En estos momentos, el Tribunal especial para Sierra Leona destina alrededor de 70.000 dólares al mes para costear y remunerar al equipo de defensa de Taylor (que se ha declarado insolvente, pese a la fortuna amasada), deduciéndolos de unos fondos que se agotarán previsiblemente en octubre próximo, aunque el proceso durará más tiempo. El presidente del tribunal, George Gelaga King, ha declarado que hasta finales de 2009 serán necesarios alrededor de 60 millones de dólares y por eso se acercó a Bruselas en julio pasado para pedir fondos a las instituciones europeas.

LISTA DE ESPERA

Desgraciadamente, Taylor no es el único ex presidente africano que tiene que rendir cuentas ante la justicia internacional. Desde hace varios años hay otros dos casos sangrantes en la lista de espera del terror. Se trata de los ex presidentes de Etiopía, Menghistu Haile Mariam, y de Chad, Hissène Habré, el primero exiliado en Zimbabue y el segundo en Senegal.

Tras un proceso de doce años en rebeldía (in absentia), el 12 de diciembre de 2006 Menghistu fue declarado culpable de genocidio, encarcelación ilícita y abuso de poder; el 11 de enero de 2007 se hizo pública la sentencia que le condena a cadena perpetua. Sin embargo, Menghistu no cumplirá la pena porque desde 1991 se encuentra en Zimbabue, cuyo presidente, Robert Mugabe, le concedió un estatus permanente de refugiado y denegó la petición de extradición para el proceso judicial, a pesar de las obligaciones internacionales de extraditar a un genocida.

En alguna ocasión, Mugabe ha declarado que Menghistu sólo sería deportado si realizara públicamente comentarios políticos. El presidente de Zimbabue considera que Men-ghistu contribuyó de manera notable en los años setenta del siglo pasado a la lucha de la mayoría negra de la antigua Rodesia contra el régimen racista del entonces primer ministro Ian Smith. Parece que el exilio dorado es la forma que el dirigente zimbabuense tiene de pagar ese favor al ex mandatario etíope.

Habré está acusado de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes contra los derechos humanos, cometidos en el marco de un régimen caracterizado por atrocidades generalizadas y campañas de violencia contra grupos étnicos percibidos como sus rivales. 

Taylor, Menghistu, Habré y ahora Sam Nujoma, ex presidente de Namibia, que gobernó el país entre 1990 y 2004. Según un periódico local, el Tribunal Penal Internacional de La Haya recibió el pasado mes de julio una instancia de la Sociedad de Namibia de Derechos Humanos para que ponga en marcha una investigación sobre la implicación de Nujoma en la “instigación, planificación, supervisión, defensa y perpetuación” de la desaparición de 4.200 personas bajo control de la Organización Popular del Suroeste de África (SWAPO, en inglés), el movimiento de liberación de Namibia que llevó a la independencia de Sudáfrica hace 17 años. 

DELITOS FINANCIEROS

Si con el juicio a Taylor en La Haya asistimos al fin de la impunidad por los crímenes políticos de antiguos jefes de Estado africanos, con la reciente acusación a los presidentes de Gabón y Congo nos encontramos con el final de la inmunidad para delitos económicos cometidos por mandatarios africanos actualmente en el ejercicio del poder. Omar Bongo y Denis Sassou Neguesso, unidos por lazos familiares, han sido acusados de malversar fondos públicos para adquirir lujosos edificios (hoteles y apartamentos) en París y otras localidades francesas, cuyas autoridades iniciaron el pasado mes de junio una investigación preliminar, dirigida por el departamento de acusación pública de París.

Se trata de una decisión inédita que se ha tomado después de haber admitido a trámite las demandas presentadas por tres asociaciones de derechos humanos: Sherpa, una red internacional de juristas, presidida por el abogado William Bourdon; Survie, que denuncia el apoyo de París a los dictadores africanos y lucha para que la ayuda al desarrollo acabe en la población y no en el bolsillo de los dirigentes locales; y la Federación de Congoleños de la Diáspora.

“La investigación deberá establecer las responsabilidades penales individuales y la designación de un juez de instrucción deberá imponerse rápidamente. Hay que desear que esta investigación ponga fin al sentimiento de tranquila impunidad de los que cada día empobrecen África levantando considerables patrimonios en Francia y en otros lugares”, ha declarado Bourdon, consciente de la importancia de la admisión a trámite por parte de la fiscalía de las demandas de las asociaciones litigantes. Este requisito es el que todavía no se da para que también sean investigados otros líderes africanos, sospechosos de cometer delitos similares a los de los presidentes gabonés y congoleño.

Además de ser acusado de desviar el dinero de los contribuyentes para comprar propiedades inmobiliarias, el pasado mes de junio Bongo fue declarado culpable de corrupción por un tribunal de Burdeos. Los hechos se remontan a 1996, cuando fue encarcelado el ciudadano francés René Cardona, socio del presidente Bongo y de su familia en una empresa de armas y de equipamiento para la pesca. Cardona fue liberado después de que su hijo transfiriera 300 millones de francos CFA a la cuenta privada del presidente Bongo. Malas formas para quien debería dar ejemplo, aunque sólo sea por tratarse del gobernante más veterano del continente africano, con 40 años en el poder. El juez francés ha condenado a Bongo a indemnizar al hijo de Cardona, devolviendo el dinero con intereses.

Otra condena reciente por delitos económicos ha sido la emitida por la Justicia británica contra el ex presidente de Zambia, Frederick Chiluba, que dirigió el país durante una década, de 1991 a 2001. En mayo de este año, el Alto Tribunal de Londres declaró a Chiluba y a cuatro de sus principales consejeros culpables de conspiración por el desvío de 33 millones de dólares de los fondos públicos, que fueron blanqueados en dos sociedades londinenses a través de cuentas bancarias de la capital británica.

Para cumplir la sentencia, el Alto Tribunal de Zambia reclamó a Chiluba la devolución de 58 millones de dólares, intereses incluidos. Sin embargo, el ex presidente zambiano ha presentado un recurso alegando que el juicio ha sido fraudulento y, por tanto, que debería repetirse. Detrás está la recusación de Chiluba al juez británico y su rechazo a comparecer ante un tribunal inglés por considerar que Zambia es capaz de juzgar a los responsables del desvío de fondos públicos, sin necesidad de recurrir a la antigua potencia colonial.

Con anterioridad, el jefe de Estado maliense Moussa Traoré, derrocado en 1991, fue acusado de desviar 2.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno de Malí recuperó en 1997 únicamente cerca de dos millones y medio. De una cantidad mucho mayor –se ha dado la cifra de 4.000 millones de dólares– se apropió el ex presidente nigeriano Sani Abacha, en el poder entre 1993 y 1998, aunque esta vez la restitución a Nigeria a finales de 2003 alcanzó la suma de 660 millones de dólares.